Juana Rivas junto a su abogado y un familiar en la sala de vistas
Juana Rivas junto a su abogado y un familiar en la sala de vistas ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS

"La realidad de Juana Rivas es que es una mujer tremendamente pobre" que está "sobreviviendo porque tiene la solidaridad de las personas cercanas a ella" y que "ha perdido todo su patrimonio". Así es como su entorno dibuja la situación económica por la que atraviesa en estos momentos la madre de Maracena (Granada) que se enfrenta a un juicio por sustracción de menores en España y que, mientras tanto, pelea en Italia por la custodia de sus hijos a su expareja, condenada por malos tratos.

El ya de por sí difícil equilibrio financiero de Rivas se agravaría ahora de ser condenada, tal y como pide la Fiscalía de Granada, al pago de los 1.912 euros a su expareja, Francesco Arcuri, como daño económico por haber tenido que viajar a España para recuperar a sus hijos el verano pasado.

En estos momentos, Juana Rivas tiene como único ingreso el recurso de los 426 euros mensuales para víctimas de violencia de género. Es una renta de carácter asistencial que las mujeres que denuncian violencia de género pueden obtener bien por resolución judicial o bien mediante el certificado de un organismo especializado. Este último es el caso de Rivas, a la que avala el centro de la mujer de Maracena, que la acompaña en su tratamiento y denuncia de violencia de género contra su expareja y padre de sus hijos que en España todavía no ha prosperado.

"Juana está sobreviviendo gracias al Estado y a la solidaridad de lo que obtiene de sus amigos y de la ciudadanía", explica una fuente cercana a la madre de Maracena, "porque ella no tiene ya nada de patrimonio".

Rivas abrió el pasado mes de octubre una campaña de mecenazgo financiero para poder afrontar los gastos derivados de la batalla legal que sigue por sus hijos. A través de una página online, esta madre solicitó ayuda para recaudar 60.000 euros para cubrir los gastos de "abogados, procuradores, trámites, traducciones, certificados, viajes" que requiere su batalla judicial. En su petición se comprometía a "ir subiendo puntualmente las facturas, para que se pueda comprobar en qué se va gastando el dinero". A fecha de hoy la campaña lleva recaudados en total 16.130 euros. 

"Ha pedido parte de dinero que necesita por crowdfunding, pero no es un capricho", matizan fuentes de su entorno. "El suyo es un caso  muy complicado con ramificaciones de penal, civil y derecho internacional que no puede llevar un letrado sin la suficiente formación", añaden. En estos momentos su equipo de defensa lo componen cinco personas, entre ellos tres letrados: uno en Sevilla y dos en Italia.

"En esta batalla [por la custodia] se la juega. Es joven, pero es cierto que se genera una deuda económica que le va a condicionar toda la vida", señalan las mismas fuentes.

El caso de esta madre de Granada no es el único en el que se llega hasta la ruina económica durante la batalla judicial por los hijos. María Salmerón, indultada parcialmente para no entrar en prisión por desobediencia al acatar el régimen de visitas de su hija con el padre, condenado por violencia de género, también ha visto como el banco iniciaba trámites para embargarle su vivienda por las multas acumuladas.

El abogado Juan Ramón Peris Santiago, presidente de la asociación Custodia en Positivo, explica que muchas mujeres en España a día de hoy son "arrinconadas y acorraladas económicamente" en casos judiciales por la custodia de sus hijos. Peris Santiago recuerda que la mayoría de las que huyen de la violencia machista lo hacen a través del divorcio y no de una denuncia policial.