Juana Rivas
Juana Rivas, arropada tras su declaración en el juzgado. EUROPA PRESS

La Fiscalía ha considerado que están "suficientemente acreditados" los casi 2.000 euros de daño económico que ocasionó Juana Rivas a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, que se desplazó hasta España el verano pasado ante la negativa de esta vecina de Granada a devolverle a sus hijos.

El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, encargado de asuntos de familia, ha celebrado la vista para fijar los posibles daños y perjuicios que causó Rivas a su expareja y padre de sus hijos, después de que ella rechazara entregarle a los menores.

La Fiscalía y la representación legal de Arcuri han cifrado en 1.912,5 euros el daño económico que la expareja de Rivas tuvo que afrontar en su desplazamiento desde Italia, una cantidad constituida fundamentalmente por el gasto en avión, alojamiento y tren, y que incluye los viajes del demandante y de sus dos hijos.

El Ministerio Público ha considerado que está "suficientemente acreditado" la estancia de Arcuri en España y los motivos, ha considerado que se trata de un gasto "indemnizable" y ha recalcado que Rivas tiene que afrontar los gastos.

Esta vista, de audiencia pública, se produce a raíz de la sentencia que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emitió en su día obligando a la mujer a la restitución de los menores.

En esta resolución también fue condenada al "abono de las costas del procedimiento, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción". Rivas entregó a los menores el 28 de agosto de 2017 en dependencias de la Guardia Civil, pero Arcuri se encontraba en España desde el 23 de julio. Además de la estancia en un hotel, tuvo que contratar abogado y procurador para ejercer su defensa y posteriormente asumió los gastos de su traslado con los niños a la isla de Carloforte, donde tienen fijada su residencia habitual.

En el ámbito penal, la Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por presunta sustracción de menores en la causa abierta contra ella después de que permaneciera casi un mes ilocalizable con sus dos hijos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre.

Por otra parte, en el tribunal italiano de Cagliari sigue abierto el proceso para dirimir sobre la custodia de los dos menores, que está pendiente del informe "determinante" que elaborará un perito tras evaluar a los padres, a los pequeños, la relación entre ellos con sus progenitores y el ambiente familiar en el que mejor y más equilibrados viven, entre otros extremos.

Consulta aquí más noticias de Granada.