Las personas con discapacidad podrán ejercer labores de voluntariado en igualdad de condiciones que el resto de la población, según ha asegurado este sábado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Esta es una de las disposiciones incluidas en el proyecto de Real Decreto que desarrollará el Reglamento de ejecución de la Ley del Voluntariado de 2015, según Cermi, que ha elaborado un informe sobre esta norma que, asegura, será aprobada previsiblemente en los próximos meses.

Según Cermi, el reglamento dispone que el Estado deberá desarrollar proyectos que utilicen la actividad artística o cultural como vías para mejorar la cohesión social, paliar las desigualdades y luchar contra todo tipo de discriminación, y en especial aquellos dirigidos a la infancia y a la juventud, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión.

El Estado y el resto de administraciones tendrán también que favorecer la participación y formación de personas voluntarias en los programas y planes que fomenten el acceso universal a la cultura, con especial atención a aquellos dirigidos a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad o en situación de dependencia.

En el ámbito deportivo, el futuro reglamento insta a que las actividades de voluntariado sobre deporte y actividad física persigan siempre la participación de mujeres y hombres por igual, así como de las personas con discapacidad.

Cermi ha resaltado que la norma garantizará también la accesibilidad para la práctica deportiva a las personas con discapacidad en las instalaciones y recursos deportivos gestionados por las instituciones públicas estatales, algo que es fundamental también para el deporte paralímpico.

Asimismo, el reglamento señala que se adoptarán las medidas necesarias para que las personas con discapacidad se conviertan en agentes activos del voluntariado e incluye la obligatoriedad por parte de las organizaciones de voluntariado de garantizar la protección del personal voluntario, especialmente a las personas mayores o con discapacidad.

Esta obligación se hace extensiva también en el ámbito de la cooperación internacional, debiendo brindar las entidades una atención sanitaria similar a la que tendrían en España cuando fuera necesario, sobre todo en circunstancias de enfermedad, embarazo o discapacidad, recalca este comité.