El juez archiva la denuncia por la supuesta agresión a Bono en la manifestacion de la AVT en enero

El juez de instrucción número 42 de Madrid ha decidido archivar la causa seguida por una supuesta agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el pasado 22 de enero, informaron fuentes jurídicas.
Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz, miembros de la directiva del PP en Las Rozas
Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz, miembros de la directiva del PP en Las Rozas
Víctor Lerena/EFE
Isidoro Barrios y Toñi de la Cruz, miembros de la directiva del PP en Las Rozas
Bono había solicitado personarse en la causa, pero su escrito llegó al juzgado cuando ya se había decretado el sobreseimiento de la causa.

La denuncia archivada el miércoles fue interpuesta por el ministro de Defensa  tras los incidentes ocurridos durante la manifestación convocada por la AVT en enero, en la que se profirieron insultos contra el ministro, que
afirmó le habían agredido físicamente.

A raíz de esos incidentes, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, miembros de la Junta Directiva del PP de Las Rozas (Madrid),
fueron llamados a declarar ante la Policía por los incidentes ocurridos en la manifestación por las víctimas del terrorismo celebrada en enero. Aparecían en las imágenes rodeando a Bono, pero
finalmente quedaron en libertad sin cargos. Isidoro portaba una bandera de España, cuya asta se rompió durante la marcha.

Por su parte, la representación del PP había solicitado el archivo de la causa interpuesta por Bono y paralelamente presentó una denuncia por
supuesta detención ilegal de sus dos militantes imputados.


Esta denuncia, está siendo todavía investigada por el juzgado y han declarado como imputados el inspector jefe de Policía que interrogó a los dos afiliados.

Además, el pasado 13 de mayo una comisión judicial y los abogados personados en la causa se desplazaron hasta la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid para que declararan también como testigos el delegado del Gobierno, Constantino Méndez, y el jefe del Grupo de Conflictividad Social.

Tras esta diligencia, el PP
amplió la denuncia a los presuntos delitos de prevaricación y falso testimonio y acusó a Méndez de haber recibido instrucciones para detener a los dos militantes, aún sabiendo que los hechos no eran ciertos, lo que éste niega.
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