La jueza Carmen Lamela ha ratificado este miércoles la competencia de la Audiencia Nacional para investigar como sedición lo hechos ocurridos en Cataluña en torno al 1-O al entender que no son "aislados" sino que forman parte de una hoja de ruta para la independencia, en la que participan los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural.

En una auto notificado, Lamela sitúa al frente de esa hoja de ruta a los presidentes de ANC y de Òmniun, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que investiga en la causa abierta por sedición, en la que también está imputado el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero.

Según la juez, "en la estrategia diseñada, su actividad —la de Sánchez y Cuixart—, tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la Ley de convocatoria del referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista".

Esta movilización debía ser "de tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses independentistas. Esta función estaría dirigida, entre otros, por las entidades soberanistas ANC y Òmnium", destaca el auto.

La juez recuerda que al admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía por los disturbios del 20 de septiembre en unos registros para impedir el 1-O ya dijo que, si bien todos los delitos de sedición no son competencia de la Audiencia Nacional, en este caso sí lo eran porque suponen "un ataque a la forma de gobierno, delito del que sí es competente este tribunal.

A esto añade ahora que los hechos no son aislados "como quieren hacer parecer las partes que proponen la cuestión de competencia, sino que se enmarcan dentro de una estrategia compleja" en la que colaboran Cuixart y Sánchez "en ejecución de la hoja de ruta diseñada para obtener la independencia de Cataluña".

Considera además que ambos "forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar", tal y como señalaba la Guardia Civil en el último atestado que le presentó a Lamela la semana pasada.

En ese atestado, la Guardia Civil pedía a la juez que diera los correspondientes pasos para ordenar el bloqueo de las cuentas y los productos financieros de ANC y Òmnium y que para ello hiciera un mandamiento a la Asociación Española de Banca, Confederación Española de Cajas de Ahorros y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito en relación a esas dos entidades independentistas.

En este atestado, la Guardia Civil sitúa a los líderes de estas entidades en lo que denomina "comité estratégico" para la declaración de la independencia que estaría también integrado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

De hecho, el informe policial considera que Sánchez y Cuixart están "en una posición decisoria similar" a la que ostenta la cúpula del Gobierno catalán, mientras el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sería el brazo ejecutor del plan independentista.