El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, considera que el bloqueo de las instalaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat por la Guardia Civil supone "un golpe asestado a la organización del referéndum ilegal" y su anulación por el Estado de Derecho

Méndez de Vigo, en declaraciones en el Palacio de La Moncloa, ha subrayado que el Ejecutivo está siguiendo con detalle los acontecimientos en Cataluña la víspera del 1 de octubre y que la actuación de este sábado de la Benemérita es un paso más para evitar las aspiraciones de los independentistas.

A todas la carencias de legalidad de esta consulta, Méndez de Vigo ha sumado el hecho de que, a diferencia de las 35 consultas electorales que ha habido en Cataluña desde 1977, en la teórica jornada de reflexión estén haciendo campaña a favor del referéndum diversos dirigentes independentistas.

Respecto a la intervención en el CTTI, el ministro de Cultura ha explicado que de esta forma se ha evitado que se pueda utilizar el voto telemático o el recuento de los votos.

Ha precisado que esta intervención, como ha asegurado que ocurre con todas las que se están llevado a cabo, se ha realizado en el marco de estricto de la ley y por orden judicial.

"Con esta actuación queda de relieve algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que este referéndum ilegal convocado por la Generalitat, ya ha sido anulado por el Estado de derecho", ha recalcado.

Méndez de Vigo ha recordado que la consulta no tiene ningún apoyo internacional, ni Sindicatura Electoral, ni papeletas oficiales, ni censo, ni constitución de las mesas.

Por tanto, ha asegurado que el Gobierno afronta la jornada de este domingo con "serenidad y tranquilidad".

Esta decisión ha desatado el descontento del Govern, que ha advertido de que el bloqueo del sistema informático para el voto telemático afectará de forma directa a servicios de la Generalitat, especialmente a partir del próximo lunes, por ser día laborable.

Según la Generalitat, entre las aplicaciones que el juez ha obligado bloquear figuran algunas con relación directa sobre la "vida cotidiana" de los ciudadanos y los servicios que se prestan desde el Ejecutivo de Carles Puigdemont.