El Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) ha confirmado el archivo de la causa por un presunto delito de estafa contra el administrador único de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, al no apreciar indicio alguna de estafa sino de "una pésima gestión empresarial".

En el auto, la jueza Teresa Álvarez de Sotomayor desestima los recursos de reforma presentados por las acusaciones contra el auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra López Vivar, quien presuntamente estafó 8,8 millones de euros a más de 2.400 pacientes.

La juez sostiene que de las diligencias practicadas, de la información recabada en relación a las cuentas del investigado y de los informes de las administraciones judicial y concursal, entre otros, "se desprende la existencia de una pésima gestión empresarial por parte del investigado, cuya responsabilidad civil, mercantil y laboral se halla pendiente de depurar, pero no de indicios de delito penal por las razones expuestas en el auto recurrido".

Señala que "constan indiciariamente acreditados diversos incumplimientos contractuales, tanto con pacientes, proveedores, arrendadores y personal contratado" por el dueño de Funnydent, así como infracciones de normas contables y financieras.

Pero quiere dejar claro que "el incumplimiento por parte del investigado de sus obligaciones con la Hacienda Tributaria y con el Registro Mercantil impide, pese a la investigación realizada, determinar siquiera con carácter indiciario un desplazamiento patrimonial o enriquecimiento personal".

La juez carga contra la "la gestión personalista del negocio" y "el descontrol sobre el volumen de gastos" de López Vivar al frente de Funnydent "que ha provocado una situación enormemente perjudicial para todos los afectados, pero también para el investigado, cuyo patrimonio se hallaba vinculado a su grupo empresarial".

Con independencia del resultado y de la alarma social denunciada, añade la juez, "no se ha apreciado en la conducta del investigado la concurrencia de los elementos del tipo penal de estafa". Ahora, la causa pasa a la Audiencia Provincial de Madrid que deberá resolver los recursos de apelación presentados por los afectados para determinar si reabre o da carpetazo definitivo a la causa