La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha rechazado la existencia de irregularidades en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, un asunto por el que la Guardia Civil ha solicitado se le investigue y que el juez ya ha descartado por no tener relación con la financiación ilegal del PP.

Un informe de la la UCO de la Guardia Civil conocido este martes ha señalado que hay indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos.

En rueda de prensa, la presidenta madrileña ha afirmado que el informe de la UCO "es una sucesión de juicios de valor sin fundamento ninguno".

En una declaración ante los medios en la sede del Gobierno madrileño, Cifuentes ha avanzado que estudiará medidas legales, porque no va a consentir que nadie ponga en duda su honradez, y ha pedido "que nadie se deje intoxicar por todos aquellos que quieren tratar de embarrar el terreno de juego de manera tan mezquina y miserable".

"¿De verdad alguien tiene duda de que yo he podido cometer algún hecho ilícito? Sinceramente, creo que la respuesta es no", ha afirmado, antes de advertir de que quien quiera ensuciar su trayectoria o su nombre la tendrá "enfrente".

Cifuentes ha explicado que el informe de la UCO -que ve indicios de delitos de cohecho y prevaricación en su papel en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era vicepresidenta primera y presidenta de la mesa de contratación- no es más que "una sucesión de juicios de valor exclusivamente, sin ningún fundamento jurídico".

Ha detallado que el proceso de adjudicación al que se hace referencia en este informe fue "un proceso completamente transparente, legal, reglado, no fue una adjudicación arbitraria".

"Todas las decisiones que se tomaron no sólo en esa adjudicación, sino en todas en las que participé como vicepresidenta primera de la Asamblea, todas se adoptaron siempre en base a informes técnicos, todas", ha insistido.

Y ha reiterado que esas decisiones se adoptaban "siempre por unanimidad de todos sus miembros, y siempre a requerimiento y por indicación de lo que los informes técnicos establecían".

"No hay ni una sola ocasión en la cual la mesa de contratación o de adjudicación adjudicara un contrato a una empresa diferente a aquella que los técnicos habían propuesto", ha asegurado.

Ha recordado, además, que en la mesa de contratación estaban representados en aquel momento PSOE e IU, y ha subrayado que todos ellos dieron su aprobación a las adjudicaciones.

Además, ha señalado que este procedimiento con el que se adjudicaron los servicios de la cafetería en 2009 y 2011 "es exactamente el mismo" que se emplea ahora en la Asamblea de Madrid.

Cifuentes ha lamentado que estos "juicios de valor" del informe de la UCO vengan en un momento en el que "están ocurriendo cosas muy desagradables y feas", y por eso cree que hay que "trazar una línea roja", porque en política "no vale todo".

"Tengo muy claro en qué lado de la línea estoy yo, y en qué lado están algunos", ha dicho.

"Jamás he conculcado la ley, jamás he realizado ninguna indicación ni he tratado de influir en ningún tipo de contrato para nadie", ha repetido, antes de insistir en que está tranquila porque tiene confianza en la Justicia y le "agrada" ver que el juez, que conoce el informe, "no ha tomado ninguna decisión al respecto".

Y para que no quede duda, ha asegurado que no tiene propiedades, que vive de alquiler, no tiene acciones, su cuenta corriente está "más bien mermada" tras pagar la última cuota del máster de su hijo, y ha afirmado que si quisiera tener más dinero, habría aceptado ofertas de trabajo fuera de la política.

"Mi honradez es el mayor valor que tengo, y no voy a permitir que ningún partido ni sigla quiera manchar mi trayectoria. Y voy a llevar a cabo las actuaciones que sean precisas", ha advertido.

"Llevo 22 meses al frente de la Comunidad de Madrid y les puedo asegurar que desde el minuto cero he sido inflexible con la corrupción", ha dicho, antes de recordar que no le ha "temblado el pulso" en llevar documentación a la Fiscalía (en referencia al caso Lezo que implicaba a su antecesor, Ignacio González) cuando ha tenido sospecha de alguna irregularidad.

Cifuentes ha explicado que tiene una "gran confianza en la justicia". En este punto, ha indicado que el informe en cuestión que hace referencia a su papel en la mesa de contratación en la Asamblea siendo ella vicepresidenta primero son "juicios de valores, nada más".

"Tengo confianza en la justicia y entiendo que cuando el juez (Eloy Velasco) no ha tomado iniciativa en estos meses es porque ha entendido que mi participación fue en calidad de vicepresidenta de la asamblea y no era personal, sino en virtud del cargo que tenía", ha indicado Cifuentes para defender su papel en esa adjudicación.

En un comunicado, el equipo de la presidenta ha señalado que la decisión de adjudicar los contratos no fue personal. "El proceso de contratación al que se hace referencia no responde a ninguna decisión individual, sino que es un proceso reglado, en el que intervienen tres órganos colegiados de manera sucesiva".

El comunicado señala que la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid ha estado "siempre compuesta por el Interventor, el jefe de Contratación, el director de Gestión Administrativa, el secretario general o un letrado, y los 3 vicepresidentes, de cada uno de los partidos".

En cuanto a la posible relación de la adjudicación con Fundescam, fundación a la que el empresario Arturo Fernández hizo "importantes" donativos, el comunicado señala que Cifuentes dejó de ser vocal de la misma en 2008, un año antes del primero de los contratos, adjudicados en 2009 y 2011.

"Mi única participación en Fundescam fue aceptar el cargo y aprobar los estatutos y eso está reflejado en las actas", dijo Cifuentes ante la prensa. "La ronda de decisiones económicas correspondía a los vocales que eran apoderados".

Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid). Los contratos de la cafetería fueron adjudicados al Grupo Cantoblanco, de ese empresario.