El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad 'B' de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones generales (2008) y la Fiscalía Anticorrupción cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid.

El juez sostiene que la Guardia Civil ha podido acreditar que "importantes gastos electorales" de las campañas de 2007 y 2008 e "indiciariamente" de las de 2011 se pagaron mediante "subvenciones públicas" de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam.

Velasco, en la documentación que obra en el sumario, señala como responsables al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.

Este dinero no se incluyó en la contabilidad electoral, por lo que Anticorrupción señala un posible delito electoral La Fiscalía Anticorrupción cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 a través de la red Púnica, una cifra que obtiene sumando el dinero que gastó de más en las campañas electorales de esos años y que no incluyó en su contabilidad electoral.

En un informe del pasado 8 de marzo, la Fiscalía destaca que el PP se puso en marcha "un grupo de decisión", liderado por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, que usó varios "canales de financiación irregular" para pagar los excesos de gasto de esas tres campañas electorales.

Calcula ese exceso a partir del estudio de la contabilidad B que se halló a Gutiérrez y lo divide por años, de manera que en 2007 fueron 2.685.000 euros, en 2008 685.000 y en 2011 1.546.000 euros; en este último caso "sin contar la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral".

"El Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó esos importes", destaca Anticorrupción acto seguido en dicho informe.

El documento analiza los dos efectos incautados que han sido clave para encontrar indicios de financiación irregular del PP madrileño: una libreta o "cuaderno negro" hallado en el domicilio de Granados y un pendrive encontrado a Gutiérrez.

En la libreta hay anotaciones manuscritas sobre actos de campañas electorales de septiembre de 2010 a abril 2011, y en un hoja aparecen dos columnas "IN-OUT", donde, dice la Fiscalía, "supuestamente se relacionaban los ingresos procedentes de determinados empresarios" y se vinculan con salidas a personas como Granados y Gutiérrez.

El "segundo hallazgo importante para la investigación" fue la intervención de dos lápices de memoria de Gutiérrez en el registro a domicilio en febrero del 2016, cuyo análisis "revela la existencia de una contabilidad B de gastos electorales de las campañas electorales de los años 2007, 2008 y 2011 (municipales, autonómicas y nacionales)".

De estas pruebas, dicen las fiscales del caso, se extrae que una vía de financiación era a través de empresarios que hacían trabajos electorales para el PP y que "acordaban facturar a quien se les indicara desde la Gerencia del partido".

En esas facturas, desglosaban los importes para que una parte se declarara al Tribunal de Cuentas y otra, en cambio, "fuera opaca".

Así, en 2007, 2008 y 2011 el PP de Madrid pudo haber violado la normativa electoral y superó en cada campaña los límites de gasto, "derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal".

"La cuenta electoral del Partido no recogió ni el ingreso de todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, ni los pagos de los mismos", dice la Fiscalía.

Otro "instrumento muy activo" para financiar al partido era la fundación Fundescam, a través de la cual se desviaban subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del PP. "Dichos pagos a proveedores se desviaban groseramente de los fines" de la fundación, añaden las fiscales.

A esta fundación hacían además donativos personas luego beneficiadas con contratos públicos, como fue el caso del empresario Arturo Fernández, y también se ha detectado una tercera vía por la que empresas recibieron adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a cambio de organizar actos para el PP.

La Fiscalía cree que este desvío de fondos para el partido se hizo a través de una "estructura de decisión cohesionada en el tiempo" y formada por directores de comités de campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de Madrid, así como el gerente y otros cargos del PP y miembros de mesas de contratación de la Comunidad.

Los partícipes "más activos" de esa red, apunta, fueron Gutiérrez y Granados "por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el gobierno autonómico, en los comités de campaña y en la fundación Fundescam".

Este grupo de personas, añade, es el que puso en marcha un plan de diversas vías de financiación irregular del PP para pagar los "excesos" de gasto en las campañas.

El informe califica los hechos como delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral, prevaricación y blanqueo y plantea una serie de entradas y registros a empresarios.

Por otro lado, la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el grupo popular en la Asamblea de Madrid desvió de forma irregular 1,7 millones de euros de su presupuesto al PP de Madrid para sufragar los gastos de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del año 2007.

El instituto armado halló entre la documentación relacionada con la financiación de los gastos de la citada campaña un apunte de 1,7 millones de euros indicados como ingresos al PP madrileño que le habría hecho llegar el "Grupo PP Asamblea", lo que, según la UCO, se refiere "al grupo del Partido Popular de Asamblea de Madrid".

Así lo refleja la UCO en un informe fechado el 22 septiembre de 2016 que obra en el sumario del caso Púnica, y en el que solicitó al juez instructor del caso, Eloy Velasco, que requiriese a la entidad bancaria donde el grupo popular tenía su cuenta toda la información relativa a los movimientos, como así hizo el magistrado.

La UCO argumenta que en la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid —que no puede utilizarse para facturar gastos de campaña— se hallaron dos ingresos de 850.000 euros cada uno "dimanantes de la cuenta corriente del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid", que podría corresponder con los 1,7 millones citados anteriormente.

Por otra parte, la Guardia Civil destaca que el PP madrileño "podría haber facturado actos de la campaña electoral a través de una empresa interpuesta —Sintra Consultores—" empleando para ello la mencionada cuenta y no la que debe utilizar para recoger los gastos e ingresos efectuados en las campañas.

En concreto, detalla un pago de 517.168 euros del partido a esta empresa en conceptos de asesoramiento, una cantidad muy parecida a la que refleja Sintra en conceptos de operaciones con terceros en una declaración tributaria.

"Esta operativa también podría responder a la finalidad de enmascarar gastos electorales que, de esa manera, no serían fiscalizados, teniendo en cuenta que las únicas cuentas corrientes fiscalizadas a efectos electorales son las cuentas abiertas para la campaña electoral", refleja la UCO.

La Guardia Civil explica en este mismo informe cómo en un lápiz de memoria hallado en el registro al exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez, se encontró un documento con el nombre "Aportaciones Especiales" con pagos en 2007 de diferentes personas y empresas a la fundación de la Comunidad de Madrid Fundescam por un importe total de 376.000 euros, que se destinaron presuntamente a abonar gastos electorales del PP de Madrid.

Y destaca, sobre todo "por su importe", los pagos a Fundescam vinculados al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández (100.000 euros a través de la Confederación de Empresarios de Madrid y otros 60.000 a través de su grupo empresarial, Cantoblanco)y otro de 60.000 euros relacionado con Gecesa-Gestión de Centros Educativos.