El Gobierno de Mariano Rajoy aprendió este jueves lo que es la derrota al perder la votación para ratificar el decreto ley para la reforma del sector de los estibadores por 142 síes (PP, PNV), 175 noes (PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto) y 33 abstenciones (Ciudadanos e Íñigo Errejón, que se abstuvo por error).

Albert Rivera, al PP: "Hay que saber contar los votos que hay en la Cámara"El Ejecutivo tiene hasta el 2 de abril para adaptar la legislación española a la sentencia europea que obliga a liberalizar el mercado, pero la oposición dejó claro este jueves que la única forma de sacar los cambios adelante es que los de Rajoy abandonen el inmovilismo y se sienten a negociar.

"Ayer el Gobierno reconoció que es su responsabilidad darle solución a este tema, pero lo hizo tarde y mal", criticó el socialista César Ramos. "Ha querido manterlo [el decreto] sin consenso y sin mayoría. Hay que saber contar los votos que hay en la Cámara", insistió Albert Rivera, que decidió cambiar el voto positivo de Ciudadanos por la abstención en el último momento.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, declaró sin embargo que su departamento no se moverá de la "ambiciosa" propuesta que lanzó a última hora del miércoles para reformar el sistema de contrataciones en los puertos y prejubilar con el 70% de su sueldo a todos los trabajadores de más de 50 años -los que más coste tienen para las empresas-. El Ministerio de Empleo contribuiría al proceso con un fondo que superaría los 200 millones de euros, aunque Fomento se ha negado a confirmar el montante total que podría alcanzar la partida.

Reunión clave el día 21

De la Serna fía sus posibilidades a que la patronal Anesco, los sindicatos (la Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC OO, UGT, CIG y USO) y el mediador del conflicto, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) Marcos Peña, alcancen un acuerdo o, al menos, acerquen posturas en la reunión convocada para el próximo martes, 21 de marzo.

El ministro cree que el Gobierno ya ha hecho un esfuerzo "muy ambicioso" poniendo sobre la mesa dinero público para las jubilaciones. Anesco ha prometido "estudiar" la propuesta, pero Víctor Díaz, asesor de la Coordinadora de Trabajadores, ha advertido de que esta vía no garantiza todos los empleos (hay 6.156 trabajadores inscritos en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios). Además, las prejubilaciones están condicionadas a un acuerdo previo para la subrogación de los empleados actuales, una vez que el mercado de contratación de estibadores quede liberalizado.

A pesar de esta postura, la Coordinadora anunció que desconvoca las cuatro jornadas de paros en los puertos previstas para los próximos días como muestra de su disposición al diálogo.

Bruselas amenaza con multa

La reforma de la estiba -la actividad de carga y descarga de buques en los puertos españoles- viene motivada por el incumplimiento de la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en diciembre de 2014 contra España por incumplir los tratados continentales y permitir el monopolio que la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios ejerce sobre la contratación de personal.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha aplazado la liberalización del mercado desde entonces -el PSOE le acusó de hacerlo por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas primero y la repetición de las generales después-. Ello motivó la apertura de un proceso sancionador por parte de la Comisión Europea en abril de 2016. El resultado es una multa que, según Fomento, ronda los 21 millones de euros y que se incrementaría a un ritmo de 134.000 euros diarios si España vuelve a incumplir la fecha límite, el 2 de abril.

PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y los partidos incluidos en el Grupo Mixto (Coalición Canaria, Partido Demócrata Catalán, Compromís y Bildu) se niegan a cargar con la "falta de responsabilidad" que el ministro Íñigo de la Serna les imputa por no colaborar con el Gobierno. La oposición insiste en que no apoyará un plan que va "más allá" de la reforma que pide Europa si no existe un pacto previo entre el Ejecutivo, la patronal y los trabajadores.