El tribunal de la Audiencia de Palma ha decretado que el exduque de Palma Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres mantengan la situación de libertad provisional tras la sentencia del caso Nóos, que los condenó a 6 y 8 años de prisión, respectivamente. Estas condenas se mantienen intactas hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie en sentencia firme.

Como medida cautelar, el esposo de la infanta Cristina de Borbón tiene a partir de ahora la obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial en su país de residencia, Suiza. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach había solicitado para él por la mañana prisión provisional eludible bajo una fianza de 200.000 euros; para Torres, la fianza era de 100.000 euros.

Además, el exduque debe comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cualquier cambio de residencia, incluso temporal. En cuanto a Torres, no puede salir del país, tiene que entregar el pasaporte y debe comparecer en el juzgado más próximo a su domicilio el día 1 de cada mes. También deberá comunicar cualquier cambio de residencia, incluso temporal. Horrach ha dicho que la decisión tomada por el tribunal le parece "correcta", aunque "otra cosa es que lo comparta".

Argumentos de las magistradas

Las tres magistradas explican en su resolución, que también es recurrible, que los condenados "en ningún momento han tratado de eludir la acción de la justicia". Han respondido, siguen, "a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias, y en el día de hoy, a la hora indicada" a pesar de las penas que tanto el fiscal como las acusaciones habían pedido para ellos.

Según el tribunal, tanto Urdangarin como Torres tienen además un "arraigo suficiente" en España, familiar y social, como para que decidieran, por ejemplo, fugarse. Sobre el exduque de Palma, las magistradas apuntan que sus "particulares circunstancias, sobradamente conocidas", en las que no se detienen, hacen que ese arraigo sea incluso mayor.

Sobre el exduque, apuntan que sus "particulares circunstancias, sobradamente conocidas" hacen que el arraigo sea mayorLa resolución argumenta que el tribunal ha intentado buscar un equilibrio entre el riesgo de fuga, que podría haberse incrementado con las recientes condenas, y las medidas cautelares a adoptar. Y que, debido a la conducta y el arraigo mencionados, creen que con las comparecencias mensuales es suficiente, sobre todo cuando las condenas responden "a la suma del total de las impuestas".

Es decir, que las condenas por separado, por cada uno de los delitos, no pasan de los tres años. Y el criterio habitual de la Fiscalía Anticorrupción es la de pedir prisión preventiva para penas superiores a cinco años.

A Torres, eso sí, deciden retirarle el pasaporte y prohibirle salir del país porque su condena es mayor. El tribunal ha rechazado las medidas de prisión propuestas por el fiscal y apoyadas por la Abogacía de Baleares porque no han acreditado "circunstancia o marcador de riesgo" diferente al que generarían las penas.

Vistilla de media hora

La petición del fiscal se hizo en la vistilla de medidas cautelares celebrada -a petición del Ministerio Público- a puerta cerrada en la Audiencia; duró media hora escasa. Fuentes de la Fiscalía indicaron tras ella que la diferencia en la cuantía solicitada para cada uno de los condenados responde a la distinta capacidad económica. Horrach no pidió la retirada de pasaporte.

La Abogacía de Baleares se adhirió a la petición del fiscal; mientras que la del Estado solicitó medidas reales (embargo, retención de ingresos, etc.) para Torres. Las defensas de los condenados se opusieron a las medidas solicitadas y Urdangarin y Torres únicamente hicieron uso de su turno para hacer suyas las palabras de sus abogados.

La letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, se ausentó de la vista tras renunciar el miércoles a la defensa del pseudosindicato. Aseguró que ha "perdido la confianza" en su cliente. Manos Limpias, acusación popular, fue la única acusación que pidió cárcel para la infanta Cristina de Borbón; el recurso al TS en su caso parece descartado.

Urdangarin llegó a las 10.15 horas en un vehículo oscuro y con una mochila pequeña al hombro. Entró en el edificio tras pasar por delante de los alrededor de sesenta periodistas que le esperaban tras las vallas situadas en la puerta y sin hacer declaraciones. Algunos curiosos presentes le gritaron improperios. Su exsocio Diego Torres, acompañado de su abogado, Manuel González Peeters, fue más madrugador.

El exduque había aportado más dinero del solicitado por la Fiscalía como fianza adicional ya que, según consta en la sentencia, ha consignado 1.199.918 euros como responsabilidad civil durante el proceso judicial y la sentencia lo condenó a pagar en total 972.274 euros, de manera que habría una diferencia de 227.644 euros. Si el tribunal hubiera acordado la fianza solicitada, restarían 27.644 euros de lo aportado.

Sentencia del caso Nóos

La Audiencia de Palma condenó el pasado 17 de febrero a Urdangarin por prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, un delito de fraude a la Administración, otro de tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.

Además de la condena de prisión, también le impuso una multa de 512.553 euros y sendas indemnizaciones de 201.175 euros a la sociedad pública Illesport y de 256.276 euros a la Agencia Tributaria por sus delitos fiscales (en total 972.274 euros), según la sentencia, que no es firme ya que cabe recurso contra ella ante el Tribunal Supremo.

Las juezas consideran que Urdangarin se sirvió de su posición institucional por ser marido de la  privilegiado posicionamiento institucional" por su "proximidad a la Jefatura del Estado" para ejercer "una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades" en Baleares.

Consideran que la contratación del Instituto Nóos para organizar los dos Illes Balears Forum de 2005 y 2006 y una oficina del proyecto del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears, por lo que cobró unos 2,5 millones de euros fue una "decisión caprichosa" del entonces presidente balear, Jaume Matas, (condenado a 3 años y 8 meses de cárcel), que posteriormente trató de "revestirse de un ropaje de legalidad".

Fueron -según la sentencia- "decisiones arbitrarias, orillando la legalidad puesto que conculcaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad".

Urdangarin se aprovechó del "privilegiado posicionamiento" institucional del que disfrutaba "dada su proximidad a la Jefatura del Estado, por cuanto en aquellas fechas formaba parte de la Familia Real, con ocasión de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido" para "mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos" para que "se plegaran a su contratación".