Puerto de Castellón
Puerto de Castellón EUROPA PRESS

Los estibadores de los puertos han formalizado su convocatoria de huelga para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero, en protesta por la reforma planteada por el Ministerio de Fomento para romper el 'monopolio' que este colectivo tiene del sector encargado de cargar y descargar los barcos, esto es, de gestionar las mercancías que entran y salen de España por mar.

La huelga está convocada por todos los sindicatos con representación en el sector, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, CC.OO, UGT y CIG, que además advierten de que la extenderán "si no se alcanza un acuerdo". Estos sindicatos llaman así al colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos a parar todas las horas impares del periodo comprendido entre las 8.00 horas del 20 de febrero y la misma hora del día siguiente, y de las mismas franjas horarias entre de los días 22 y 23 de febrero, y 24 y 25 de este mes.

Los representantes de los trabajadores consideran que la convocatoria no requiere 'mínimos'Estos paros afectan a un sector fundamental de la economía, el de la gestión de la mercancía en los puertos, instalaciones que canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.

No obstante, los representantes de los trabajadores consideran que la convocatoria no requiere servicios mínimos, al plantearse en horas alternas (de 24 horas se trabajarán doce). Además, no afectará al tráfico de viajeros por los puertos.

Con su huelga, los estibadores pretenden manifestar su rechazo a la reforma del sector planteada por Fomento, dado que, en su opinión, constituye un "despido generalizado" y una vía de "precariedad y desregulación laboral". Asimismo, reivindican que se retome la negociación sobre la modificación del sector. "La huelga es la última posibilidad después de hacer todo lo posible", ha señalado el coordinador general de la Coordinadora, Antolín Goya, en rueda de prensa.

De indefinidos, a precarios

Según explicó, los trabajadores y la patronal habían trabajado en un documento conjunto de reforma del sector, con el fin de cumplir con lo que requiere la normativa comunitaria y con una sentencia del Tribunal Europeo que puede derivar en una sanción para España. No obstante, denuncian que justo antes de la ratificación del documento en la asamblea de la patronal de la estiba Anesco, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "de manera autoritaria", informó "sin ningún documento" de que tiene preparado y es "inminente" un Decreto Ley que regulará esta actividad.

Los estibadores rechazan esta reforma planteada por Fomento la pasada semana, al considerar que convertirá los contratos indefinidos de los trabajadores del ramo en puestos de trabajo "precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras".

En su propuesta, Fomento plantea un periodo transitorio de tres años para que desaparezca el actual régimen, en el que todos los estibadores dependen de las sociedades de gestión de estibadores portuarios (Sagep) que controla su contratación por parte de empresas estibadoras.

Para la Coordinadora, esta modificación constituye "un despido generalizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba". "Algo que no deriva de una exigencia de la normativa comunitaria, sino que se trata de una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral", asegura.

Uno de los puntos de confrontación, y una de las principales reivindicaciones del sector, es que se constituya un Registro de Estibadores que incluya "aquellos trabajadores con profesionalidad garantizada tras un proceso de formación". También piden que los centros portuarios de empleo en los que se pueden convertir la actuales Sagep estén compuestos "exclusivamente" por empresas estibadoras, que se subroguen todos los trabajadores y que se articulen ayudas públicas y medidas legislativas para poner en marcha un programa de reestructuración del sector por un periodo mínimo de siete años.

Apoyo político de la oposición

"Nos hemos reunido con Podemos, PNV, Coalición Canaria y está previsto pedir una reunión a C's. Lo que muestran es sorpresa de las formas del Gobierno, sin negociación", señaló Goya. Asimismo, para "mostrar la voluntad de los trabajadores de cumplir con las normas europeas" van a firmar acuerdos con los operadores del país para transmitir su convencimiento de que la solución pasa por el consenso. "Las cifras récord que registraron los puertos españoles aún en el peor momento de crisis son producto de una Ley de Puertos consensuada y del buen entendimiento entre trabajadores y empresarios".

Podemos ha mostrado su apoyo a los estibadores y ha anunciado que respaldará las movilizaciones. Además, ha exigido al PP "que dé marcha atrás en el decretazo". "Cualquier medida que vaya encaminada a precarizar las condiciones de trabajadores tendrá nuestro rechazo" y ha lamentado que el Gobierno "base su gestión en las imposiciones y quiera instaurar mediante decretazo una reforma en el sector de la estiba que afectaría a medio centenar de trabajadores en Cádiz y a casi 2.000 en Algeciras". 

Susana Díaz ha recordado que el Gobierno central ha tenido más de cinco años para afrontar con diálogo y consenso este cambio normativoLa presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido por su parte la necesidad de un acuerdo entre el Gobierno central, empresas y sindicatos para adaptar el trabajo de la estiba en los puertos españoles a los requerimientos fijados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Díaz se ha reunido en San Telmo con representantes del comité de empresa de los estibadores del Puerto de Algeciras (Cádiz) y de la Coordinadora y ha señalado que, si bien es preciso modificar la legislación española de la estiba en los términos contenidos en la sentencia del tribunal europeo, es igualmente necesario que ese cambio normativo tenga en cuenta los acuerdos que puedan alcanzar los sindicatos y empresarios del sector.

Susana Díaz ha recordado que el Gobierno central ha tenido más de cinco años para afrontar con diálogo y consenso este cambio normativo, ya que el primer requerimiento de la Comisión Europea se produjo en noviembre de 2011. Por ello, ha cuestionado que el Ejecutivo central pretenda resolver este importante asunto de manera acelerada, ahora que España puede afrontar sanciones por no haber llevado a cabo la adaptación legal.