La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este miércoles que el PP se comprometió con Ciudadanos a eliminar aforamientos políticos y, por tanto, el Ejecutivo no se cierra a la reforma constitucional que eso exigiría. Sin embargo, ve necesario delimitar a qué delitos afectaría y, además, hacer un proceso paralelo en las comunidades autónomas.

Así ha respondido en el Pleno del Congreso, durante la sesión de control, a una pregunta formulada por Albert Rivera. El líder de la formación naranja le ha pedido que aclare "cómo piensa afrontar" el Ejecutivo la "reforma constitucional exprés" necesaria para cumplir el punto 94 del acuerdo de investidura que ambos partidos firmaron en agosto.

Ese punto prevé la "eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos", una medida que implicaría cambios en los artículos 71 y 102 de la Constitución, que establecen que los diputados y senadores y los miembros del Gobierno responderán de sus posibles delitos ante el Tribunal Supremo, no ante un juez de primera instancia.

Rivera ha insistido en que la supresión de los aforamientos políticos es fundamental para empezar a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, al impedir que los políticos se puedan "atornillar al escaño para ir a un tribunal especial", algo que considera un "privilegio".

A su juicio, esa reforma constitucional se debería llevar a cabo "en el primer trimestre" de 2017. "No hace falta tardar tres años para suprimir los aforamientos", ha subrayado, recordando que en 2011 se cambió el artículo 135 por un procedimiento rápido y expresando su esperanza de que Podemos no se oponga.

La vicepresidenta ha contestado que, si bien el Gobierno no ha impulsado nunca ningún proyecto de reforma de la Ley Fundamental, "el PP cumple sus compromisos", también el contraído con Ciudadanos con respecto a los políticos aforados. "Además, estas Cámaras ya nos establecieron ese compromiso en una ley de marzo de 2015 que tenemos que cumplir", ha agregado.

Sáenz de Santamaría ha señalado que con la modificación constitucional que defiende Ciudadanos solo se suprimirían 650 de los 2.000 aforamientos —los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno central—, ya que hay otros que están contemplados en los Estatutos de las comunidades autónomas y en otras leyes relativas a distintas instituciones públicas.

"Hay 2.000 aforados entre cargos públicos y electos, pero luego tenemos 15.000 entre jueces y fiscales y 263.000 aforados parciales que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", así que "con la reforma de la Constitución arreglamos 650 aforamientos, pero nos quedan el resto", ha explicado la vicepresidenta.

En este sentido, ha defendido que habrá que "analizar y acompasar" la reforma constitucional con la modificación de "19 Estatutos de autonomía, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Defensor del Pueblo y otras leyes reguladoras de otras instituciones que aforan a presidentes y miembros del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial".

La número dos del Gobierno ha afirmado que los distintos partidos se tendrán que poner de acuerdo para definir si se van a eliminar los aforamientos "para todos los delitos o solo para los no relacionados con la vida pública". "Tendremos que definir qué se entiende por delitos de la vida pública", ha agregado.