El optimismo del Gobierno con la creación de empleo en esta legislatura no resolverá el agujero de la Seguridad Social.

El cuadro macroeconómico presentado este viernes por De Guindos en el Consejo de Ministros prevé elevar los ocupados a 20.068.000 en 2019. Pero a pesar de ese crecimiento —aproximadamente millón y medio de empleos adicionales— las cuentas de la Seguridad Social seguirían sufriendo: de los 18.000 millones de agujero previsto para este año, apenas se bajaría a otro de 11.000 millones. Siete mil millones menos. Pero aún en números rojos.

"La Seguridad Social irá reduciendo de manera más moderada su déficit", admite el ministerio de Hacienda en el comunicado que refrenda la aprobación de la senda de consolidación fiscal hasta finales de legislatura. En 2019, la Seguridad Social lastraría la mayor parte del desvío del 1,3% previsto de las cuentas públicas: todo un 1%. Las tres décimas restantes, las aportaría el Estado.

Fuente: Ministerio de Hacienda

Este cálculo incluye la única medida que se ha tomado este viernes para aumentar la recaudación de la Seguridad Social: subir un 3% las bases máximas de cotización, desde los 3.642 euros mensuales del tope actual, hasta los 3.751,26. La medida recaudará "de 300 a 330 millones de euros", según el Gobierno. Pero el propio secretario de Estado del organismo, Tomás Burgos, ha calificado este aumento de "discreto".

"Afectará a 200.000 personas y no tendrá impacto en la competitividad de la economía española", matiza Burgos, que avanza además un incremento futuro de la pensión máxima "en justa correspondencia" a este aumento de los cotizantes con mayor sueldo. Es decir, que el gasto en pensiones subirá en consonancia con ese aumento de la base máxima. Los pensionistas que más cobran... cobrarían todavía más.

La proyección de déficit que ha realizado el Gobierno para la Seguridad Social no incluye aún las medidas que puedan tomarse en la Comisión del Pacto de Toledo, que se convocó el mes pasado y que espera dar frutos en febrero o marzo del próximo año. Los expertos y agentes sociales aportan estos días sus ideas para solucionar un déficit que el Ejecutivo admite que continuará hasta 2019 a pesar de su optimismo con la creación de empleo.

Algunos expertos —y la propia ministra Báñez— se inclinan por traspasar las 2,3 millones de prestaciones de viudedad a los presupuestos generales. El grueso de estas prestaciones asciende a 21.000 millones. Y si, por decirlo de algún modo, se 'borran' del sistema, desaparecería así el déficit por completo. El PSOE no está de acuerdo y cree que sería el primer paso para que esas pensiones, que son de naturaleza contributiva, se convirtiesen a medio plazo en una ayuda asistencial... y expuesta a recortes cuando la situación económica empeore.

Los sindicatos ofrecen otras alternativas para que el sistema deje de ser deficitario. UGT calcula que se ahorrarían 15.000 millones anuales a la Seguridad Social si los gastos de gestión del organismo se traspasasen a los Presupuestos, se destopasen completamente las bases máximas de cotización (no sólo ese 3% actual aprobado este viernes por el Gobierno) y se eliminasen las bonificaciones y exenciones a la contratación, como son la tarifa plana de 50 euros para autónomos y la bonificación de los primeros 500 euros en los contratos fijos.

Pero el Gobierno no se plantean eliminar estas exenciones. En Empleo consideran que esas bonificaciones que introdujeron en la pasada legislatura favorecieron la creación de casi dos millones de puestos de trabajo desde 2014. Báñez plantea otras medidas, como que los 1.900 millones que le cuestan esas reducciones al sistema se financien con cargo a los Presupuestos. Pero esa cantidad, apenas reduciría un 10% el agujero del sistema. Y harían falta medidas adicionales para cerrarlo por completo.