El juez del caso de los ERE, Álvaro Martín, ha acordado la apertura de juicio oral contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández, por la concesión de dos ayudas de los ERE a las empresas Acyco y Surcolor, que se corresponden con la segunda y tercera pieza del caso, respectivamente, según dos autos notificados este jueves.

En el caso de la ayuda de 2,3 millones de euros concedida entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de la empresa Surcolor, el juez incluye a un total de 16 acusados, de los cuales seis son ex altos cargos.

Se trata del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá Salvador; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez; y el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas Sánchez.

Por la ayuda de 3,2 millones concedidas a la empresa Acyco, el juez incluye a doce acusados, entre ellos seis ex altos cargos: Fernández, Barberá, Guerrero, Márquez y Rivera, y añade al exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano. En el caso de Acyco, el proceso para aprobar la ayuda comenzó en julio de 2003, cuando presentó un ERE para extinguir 35 de sus 161 contratos.

Se da la circunstancia de que Fernández, Barberá, Guerrero, Rivera y Márquez están también procesados en la denominada pieza política de los ERE, con 26 ex altos cargos procesados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En dicha pieza política, el Ministerio Fiscal pide ocho años de prisión para Antonio Fernández, y en las de Surcolor y Acyco solicita otros 20 años de cárcel y 44 de inhabilitación por la comisión de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos en las ayudas a las dos empresas.

Hasta ahora, el juez ha decretado la apertura de juicio oral por tres de las piezas de los ERE, un caso que empezó a instruirse en 2011: la denominada política y las de las empresas Surcolor y Acyco.

En la ayuda de Surcolor, el juez ordena la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación continuada, malversación continuada, prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita, tráfico de influencia y falsedad en documento mercantil.

En esta causa también están procesados dos propietarios de la empresa Surcolor; dos directivos de Vitalia, un representante sindical y un miembro de Estudios Jurídicos Villasís. Además, se abre juicio contra dos intermediarios por hacer posible estas ayudas y contra otras dos personas que recibieron ayudas de la Junta como trabajadores de Surcolor y Surcolor Óptica sin haber trabajado nunca en estas empresas, los denominados "intrusos".

El juez indica en el auto que se incorporen a este procedimiento testimonio de las piezas de responsabilidad civil creadas en la causa matriz de los ERE, y señala que será la Audiencia de Sevilla el órgano encargado de enjuiciar esta causa.

Respecto a la empresa Acyco, los delitos objeto de acusación son prevaricación continuada, malversación continuada, prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita y trafico de influencias.

Además de los seis ex altos cargos procesados, por esta pieza se enjuiciarán a la presidenta del consejo de administración de Acyco; al director de recursos humanos de la empresa; a dos extrabajadores de la consultora Vitalia; a un abogado y a una persona que recibió póliza como trabajador de la empresa sin serlo. Igual que en Surcolor, el juez indica que esta causa se juzgará en la Audiencia de Sevilla.

Entre los 36 prejubilados se incluyeron dos "intrusos", personas que nunca trabajaron en la empresa, uno de los cuales cobraría 104.885 euros y el otro 120.200 euros, a razón de 1.200 euros y 947 euros al mes.