Que el Gobierno la impulsará, que el Ministerio de Medio Ambiente recibirá el encargo de prepararla y que su finalidad será "crear un marco que facilite a España cumplir con nuestros compromisos con la Unión Europea" en materia ambiental dentro de la estrategia marco del Acuerdo de París.

Eso es, básicamente, lo poco que se sabe, pese a lo mucho que se ha preguntado en esta cumbre de Marrakech, sobre la futura ley española de cambio climático.

Pocos días después de aprobar la ratificación del Acuerdo de París, por la que compromete a España en la tarea de evitar que el planeta se caliente a finales de siglo dos grados centígrados, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a anunciar su compromiso de "impulsar" una ley de cambio climático en Marrakech.

Aunque de momento no hay ni borrador, ni grupo de trabajo, ni coordinación ministerial para su desarrollo, más allá de charlas informales entre ministros.

Isabel García Tejerina, ministra de Medio Ambiente —departamento del que depende la oficina española del cambio climático— es la elegida por Moncloa para coordinar la propuesta de ley. En declaraciones a la prensa en Marrakech, Tejerina solamente pudo avanzar que buscará implicar al resto de grupos políticos, algo necesario dada su condición de minoría parlamentaria, y que el objetivo que se marca es "facilitar el cumplimiento de los objetivos regulatorios" de la UE en la estrategia del Acuerdo de París. Añadió que forzosamente deberán implicarse otros ministerios, citando expresamente a la cartera de Energía, para que la futura legislación resulte eficaz.

Su departamento se plantea esperar a que, en primavera, la UE fije los compromisos finales país por país, para desarrollar un proyecto en el que esperan aglutinar a todos los sectores de la economía afectados. A diferencia de Alemania, que opta por un plan nacional de cambio climático, Tejerina defiende su ley "porque es más vinculante", ha asegurado.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, también se refirió a la futura ley de cambio climático este jueves en los pasillos de la cumbre del clima de Marrakech. No quiso dar ninguna fecha tentativa para su aprobación, pero indicó que surgirá de "un proceso de diálogo y consenso" interministerial y que se contará con los distintos grupos políticos del Parlamento. Citó expresamente a sus socios de investidura, Ciudadanos, y al proyecto de de ley de cambio climático de la formación naranja.

La base de la propuesta de Ciudadanos sería un Plan Estratégico de Transición Energética 2030-2050 hacia un modelo que favorezca las renovables y reducir el uso de los combustibles fósiles. En este contexto, la formación naranja pide una ley que regule de "forma coherente y estable las políticas que afectan al clima e incluya objetivos ambiciosos para 2030 y una estrategia definida para 2050". También pretende impulsar políticas de disminución de gases de efecto invernadero en el ámbito doméstico y en los planes de mejora de las prácticas industriales, y aplicar medidas de eficiencia energética en industria, transporte y hogar.

Por otro lado, Ciudadanos quisiera potenciar el autoconsumo energético, diseñando un nuevo marco legislativo "propicio", algo a lo que ya se ha comprometido el encargado de la cartera de Energía, Álvaro Nadal.

Entre la delegación española en la cumbre del clima de Marrakech hay diputados de PP, PSOE y Unidos Podemos. El portavoz en temas medioambientales de esta última formación política, Juantxo López de Uralde, se preguntaba este jueves dónde estaba el borrador de la ley que anunció el presidente y calificó de "humo" el anuncio. López de Uralde considera que el Gobierno debería haber llevado ya una propuesta base a la comisión parlamentaria de cambio climático y energía, considerando que lo más urgente de todo es "un plan de transición energética".

El diputado de Unidos Podemos, y portavoz de Equo, anunció que su grupo político "articulará una propuesta de ley de cambio climático propia antes de Navidad para poner encima de la mesa" porque considera que "el Gobierno (en materia de cambio climático) va con los pies a rastras. No se cree esta lucha y toma medidas solo para cumplir con lo que le obliga la Unión Europea", señaló López de Uralde, quien criticó las políticas nacionales y regionales del Partido Popular "que pasan por una política energética con mayor utilización del carbón, con reducción de las renovables y con apoyo al fracking".

La ONG Greenpeace considera que "la ley de cambio climático debe reflejar la implementación del Acuerdo de París a nivel nacional. Tiene que ser ambiciosa y empujar a la reducción de emisiones de manera eficaz. La ley debe asegurar una rápida transición hacia un modelo energético basado al 100% en energías renovables y restringir cualquier tipo de subvenciones a las energías sucias y peligrosas. Para adoptar una ley de cambio climático a la altura de lo que necesitamos será imprescindible que se desarrolle en un marco de transparencia y participativo", expuso Tatiana Nuño, portavoz de la ONG.

La coordinadora Alianza por el Clima, que aglutina a más de 400 organizaciones ambientalistas y sociales, también trabaja en estos momentos en la elaboración de unas líneas maestras de cómo tendrá que ser la futura ley de cambio climático española.

Todavía hay pocos referentes de leyes de cambio climático en el mundo. En Europa ya existe en paí­ses como Francia, el Reino Unido y Suecia, además de Escocia, mientras que Australia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Quebec también tienen ley propia. Alemania acaba de aprobar un plan para reducir en un 95% las emisiones en el año 2050.

En el marco español, Cataluña ha sido la primera región en aprobar un proyecto de ley que, entre otras medidas, adquiere el compromiso de rebajar un 25% las emisiones de gases en 2020 y al menos un 80% para 2050.