Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han acordado y registrado este martes en el Congreso una enmienda transaccional para alcanzar un pacto de Estado para luchar contra la violencia de género.

Lo ha anunciado el portavoz del PP, Rafael Hernando, en una rueda de prensa en el Congreso, quien ha considerado que la lucha contra esta lacra es de "extraordinaria relevancia" por lo que ha destacado la importancia de implicar a todos los agentes en el combate de la violencia de género. En concreto, ha citado al conjunto de las instituciones como "CCAA, ayuntamientos y el Estado".

El acuerdo ahonda en la protección de las víctimas y de sus hijos, que afecta a la tutela judicial efectiva de las mujeres, así a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Vamos a crear una subcomisión de estudio -antes de que acabe el año- para analizar la aplicación de la legislación y ver si esta normativa es suficiente", ha dicho Hernando, para ver en qué se puede mejorar "en base a lo que han presentado distintos grupos y asociaciones".

El objetivo básico -ha dicho- es "desterrar un grave problema y una lacra social" que repugna "a todos como es la violencia de género". Hernando ha expresado el deseo de que el resto de los grupos políticos se sumen a esta enmienda para alcanzar la unanimidad durante el debate en el Pleno de dos proposiciones no de ley presentadas por el PP y el PSOE.

Más tarde, el Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad la iniciativa. La mayoría de los grupos de la oposición ha expresado un "apoyo crítico" a la iniciativa y ha coincidido en criticar los recortes presupuestarios en esta materia en los últimos años, por lo que ha exigido unos presupuestos que garanticen la protección de las víctimas.

Además de crear la subcomisión, la iniciativa prevé ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley integral contra la violencia de género y el resto del ordenamiento jurídico para abarcar todas las formas de violencia contra la mujer.

El Pleno también insta al Gobierno a dotar "suficientemente" las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y sus hijos, así como a reforzar el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer.

Poner en marcha en los juzgados especializados en violencia el acompañamiento judicial personalizado con el fin de que las víctimas puedan acceder a la información sobre el procedimiento más seguro desde que ponen la denuncia contra su agresor es otra de las medidas incluidas en el acuerdo.

Asimismo, los grupos reclaman que se active de forma permanente el plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia machista y que se adopte el compromiso político de no conceder ningún indulto en cualquier delito vinculado a esta lacra.

El texto incluye el impulso para modificar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la dispensa judicial de la obligación de declarar contra su cónyuge y suprimir el atenuante de la confesión para este tipo de delitos.