Agualid tiene una cartera de morosos de 1.000 clientes, que representan entre el 1 y el 1,5% del volumen total de la empresa. No siempre son los mismos, pero es una cifra que se mantiene estable durante los últimos años.
«Tratamos de reducirla con la mejora de la gestión, pero nos encontramos dentro de la media nacional», explican desde Agualid, la empresa que gestiona desde hace diez años el servicio de agua de la ciudad.
Hasta el año pasado el proceso de reclamación era muy complicado ya que tenía que seguir las vías administrativas marcadas por el Ayuntamiento (como las multas o los impuestos que no se pagan).
Sin embargo, desde que se completó la privatización, el cobro de los morosos se hace a través de los juzgados, como una deuda entre dos personas o dos empresas, normales y corrientes.
«Tramitamos las reclamaciones cuando la cantidad ya es importante porque se acumulan varios recibos sin pagar», indican desde la empresa de aguas.
La otra alternativa a la reclamación judicial es el corte del suministro. Este proceso necesita el visto bueno del Ayuntamiento: una notificación oficial, plazo de alegaciones... Es tan largo y complejo que en la última década sólo se ha cortado el agua a dos clientes.
«No es la mejor opción. Preferimos llamar todas las veces que sean necesarias y llegar a acuerdos para pagar en varios plazos antes que preceder al corte. Esa no es la solución», explican técnicos de Agualid.
Con carácter general los morosos son viviendas particulares o negocios de la ciudad ya que las empresas no suelen dar ningún problema en el pago de las tarifas.
Continúan pidiendo recibos Al margen de la persecución de la morisidad, los ciudadanos
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