El Senado brasileño ha votado que la presidenta brasileña Dilma Rousseff debe ser destituida en el juicio político en su contra, cuya última sesión se ha celebrado este miércoles. En una votación por separado, la cámara alta ha decidido no inhabilitarla para cargo público, por lo que puede presentarse a las próximas elecciones.

De los 81 senadores, 61 votaron a favor de la destitución de Rousseff y 20 se opusieron. La condena contra la presidenta necesitaba un mínimo de 54 votos a favor.

El pleno del Senado empezó a cantar el himno nacional en el momento en que se anunció la decisión. El Senado halló culpable a Rousseff de haber incumplido la ley de responsabilidad fiscal, por haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso y porque el Gobierno tomó créditos de la banca pública, lo que está prohibido por ley.

La decisión también confirma como presidente de Brasil a Michel Temer, quien seguirá en el poder hasta el 1 de enero de 2019.

De "ruptura constitucional" y "golpe" hablaron los senadores que hicieron la última defensa de la mandataria, que llegaron a tildar de "canallas" a aquellos senadores que apoyaban la destitución.

"Esto es una farsa, farsa, farsa. Es un proceso basado sólo en pretextos que será juzgado por la historia", afirmó el senador del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farías.

Replicó el senador Ronaldo Caiado, del derechista partido Demócratas (DEM), quien afirmó que "canallas son los que se enriquecieron ilícitamente, canallas son aquellos que quebraron Petrobras, canallas son aquellos que dejan a Brasil en una situación crítica".

Tras esta decisión, los legisladores han votado por separado no inhabilitarla para cargo público por los próximos ocho años.

La propuesta de inhabilitación tuvo 42 votos a favor y 36 en contra, con tres abstenciones. Pero para que saliera adelante esta condena, necesitaba igualmente el apoyo de 54 legisladores.

Si hubiera perdido los derechos políticos, no podría ocupar ningún cargo público durante ocho años, lo que incluye tanto puestos electivos como cualquier trabajo en empresas públicas.

Antes de la votación, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada, no podría ni siquiera ser profesora o trabajar "en un merendero en una escuela pública".

La votación de la destitución y de la inhabilitación de Rousseff se realizó por separado a petición de última hora del Partido de los Trabajadores (PT), formación de la ahora exmandataria, que fue aceptada por el presidente de la Corte Suprema, que presidió el juicio político como garante constitucional.

La decisión del presidente del Supremo causó una polémica entre los senadores.  Entre ellos, el expresidente Fernando Collor de Mello se quejó de que se le haya dispensado un trato diferente a Rousseff del que él recibió en 1992, cuando renunció a la jefatura del Estado horas antes de ser destituido en un juicio político similar.

La sesión fue instalada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien dirige los trámites en su condición de garante constitucional de un proceso en el que Rousseff responde por unas supuestas irregularidades fiscales que la defensa niega y la acusación ha considerado "completamente probadas".

La presidenta, suspendida de sus funciones desde que se abrió el proceso, el pasado 12 de mayo, ha sido declarada culpable de haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y de atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos.

La ya expresidenta de Brasil Dilma Rousseff afirmó tras la votación que se ha consumado "un golpe de Estado" con su destitución, decidida por el Senado, y anunció la más "enérgica, determinada y firme oposición a los golpistas".

"Es el segundo golpe de Estado que afronto en la vida. Primero fue el militar (1964), que me afectó cuando era una joven militante; el segundo fue el parlamentario, que me derriba del cargo para el que fui elegida", afirmó en sus primeras declaraciones tras la destitución, ante decenas de simpatizantes.

"Hoy el Senado tomó una decisión que entra en la historia de las grandes injusticias: escogieron rasgar la Constitución, decidieron interrumpir el mandato de una presidenta que no cometió ningún crimen, condenaron a una inocente y consumaron un golpe parlamentario", denunció en un enérgico discurso.

Arropada por decenas de correligionarios y seguidores en el Palacio de la Alvorada, en donde se atrincheró desde que fue separada provisionalmente del cargo el 12 de mayo, la expresidenta aseguró que el Partido de los Trabajadores (PT) volverá al poder para culminar el proyecto de lucha contra la desigualdad social que desarrolló en los últimos trece años.

"No desistan de la lucha. Escuchen bien: piensan que nos vencieron, pero están engañados. Sé que todos vamos a luchar. Habrá la más determinada, firme y enérgica oposición que un golpista puede sufrir", afirmó.

El abogado de la ahora expresidenta, José Eduardo Cardozo, ha anunciado que presentará al menos dos recursos ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Senado.

"Presentaremos en principio al menos dos recursos. Uno este mismo miércoles y otro en algunos días", anunció Cardozo en declaraciones que concedió a periodistas poco después de que el Senado, por 61 votos a favor y 20 en contra, destituyera a la presidenta.

Cardozo, que se desempeñaba como ministro de Justicia de Rousseff hasta el 12 de mayo, cuando la presidenta fue separada provisionalmente del cargo, alegó que denunciará ante la máxima corte de Justicia que la jefe de Estado fue destituida sin justa causa.

Tras la destitución, Temer juró ante el Congreso Nacional como nuevo presidente de Brasil.

"Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución de la República, observar sus leyes, promover el bien general del pueblo brasileño y sustentarle la unión, la integridad y la independencia de Brasil", dijo Temer, quien era vicepresidente de Rousseff y la sustituyó interinamente el 12 de mayo, cuando esta fue suspendida de sus funciones.

El nuevo mandatario exigió que desmonten la tesis del "golpe" defendida por la ahora exmandataria.

"A quienes les digan golpistas, respondan golpistas son ustedes, que están en contra de la Constitución", porque el proceso contra Rousseff fue hecho "dentro del más estricto marco constitucional", declaró en su primer encuentro con su gabinete.