El Gobierno ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer las sentencias del alto tribunal.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado este viernes en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros de que éste es uno de los puntos del incidente de ejecución que presentará ante el TC.

Así, ante la prensa, ha precisado que una de las cuestiones que el Gobierno solicitará al alto tribunal consiste en que proceda a "deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta del Parlament de Cataluña por incumplir la sentencia" del 2 de diciembre de 2015 del alto tribunal. En dicha sentencia, el TC anuló el llamado proceso de desconexión de Cataluña.

Además de esa sentencia, la vicepresidenta ha recordado que la resolución del Parlament aprobada el pasado día 27 vulnera el auto del 19 de julio de este año, en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC.

"No es sólo un desafío institucional, es un desacato al Tribunal Constitucional", ha remarcado.

Tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, Santamaría ha explicado que la actuación del Gobierno busca la nulidad y suspensión de la resolución del Parlament, un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara para que se abstengan de realizar cualquier iniciativa relacionada con esa resolución y que el TC deduzca testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell por incumplir el mandato del Alto Tribunal.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha respondido a la petición del Gobierno acusándole de querer "coartar la libertad de expresión" del Parlament y sus diputados y cree que sería "profundamente antidemocrático" inhabilitarla.

En declaraciones a TV3, Forcadell ha asegurado que está "convencida" de que cumplió con su "deber como presidenta del Parlament", están "coartando la libertad de expresión del Parlament y de los parlamentarios". A su juicio, resulta "muy triste" que el Estado pretenda frenar el proceso soberanista "a golpe de tribunal".

Forcadell ha recalcado que "aquí lo único que se hizo es cumplir el reglamento del Parlament", ya que antes de autorizar el debate advirtió a Junts pel Sí y la CUP -que habían pedido ampliar el orden del día del pleno para incluir la discusión de las conclusiones- de que el TC había emitido un auto que llamaba a evitar la votación.

La presidenta de la cámara catalana ha alegado que "cuando el pleno está constituido la única función de la presidencia y de la Mesa es ordenar el debate", pero "el pleno es soberano" para decidir si se incorpora o no un punto al orden del día.

Según Forcadell, "la única vía que entiende el Estado español es la vía jurídica", por lo que "utilizarán" los "tribunales en contra de la política".

La reacción del Gobierno en funciones no le "extraña nada, desgraciadamente", porque el Estado siempre "judicializa" los conflictos políticos en lugar de "fijarse" en ejemplos como el del Reino Unido, que buscó "resolver políticamente" el debate sobre la independencia de Escocia, al autorizar un referéndum.