La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid no ha admitido a trámite la querella presentada por la presidenta de la Comunidad regional, Cristina Cifuentes, contra la portavoz del Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre.

Cifuentes reclamó en un burofax a Maestre que retirara unas declaraciones al diario digital El Español, en las que dijo que la jefa del Ejecutivo autonómico durante su etapa como delegada del Gobierno su actuación "fundamentalmente" era "pegar a gente" y que "era la jefa de los que apaleaban a quienes se manifestaban en Sol". En caso de que no rectificase, Cifuentes advirtió a Maestre de que tomaría medidas, para lo que aclaró que no utilizaría la Abogacía del Estado ni los servicios jurídicos de la Comunidad, dado que se trataba de un asunto "particular".

En un auto fechado el pasado 7 de julio y que ha salido este jueves a la luz, la jueza Josefa Bustos Manjón decide no admitir a trámite la querella interpuesta por la presidenta de la Comunidad contra la portavoz municipal por esas declaraciones.

La titular del Juzgado de Instrucción número 49 argumenta que las manifestaciones de Maestre "se incardinan dentro del debate político", por lo que, en su opinión, no atentan al honor de Cifuentes. La jueza añade que las declaraciones de la portavoz del equipo de Gobierno de Manuela Carmena "obedecen a una crítica social y política", que está "amparada por el derecho a la libertad de expresión" y no son constitutivas de una infracción penal.

Tras conocer esta decisión judicial, contra la que se puede interponer recurso, Maestre ha asegurado que se alegra "mucho" y que espera que sirva para que la "dinámica de judicialización de la vida política termine". Según la portavoz municipal, el debate político "mientras no sea ofensivo" tiene sus cauces y "no debe llevar a esta dinámica de querellas, que no es positiva".

El titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, por su parte, ha rechazado la querella contra Cifuentes por las cargas policiales que se produjeron en la Marcha de la Dignidad el 22 de marzo de 2014 en la capital cuando era delegada del Gobierno. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el juez entiende que los hechos recogidos en la querella no son constitutivos de los delitos denunciados, como los de prevaricación o contra las garantías constitucionales.

Hasta 12 colectivos sociales vinculados a la organización de la marcha presentaron una querella en febrero de 2015 contra Cifuentes y otros mandos policiales derivada de los referidos disturbios, que ahora van a recurrir su inadmisión a trámite. La querella se dirigió también contra los directores generales de la Policía, Ignacio Cosidó, y de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa; el comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, y otros mandos del cuerpo.

Aquella noche del 22 de marzo de 2014 resultaron heridos hasta 67 agentes policiales y se detuvieron a 29 personas por los altercados que se produjeron en la Plaza de Colón y en el Paseo de Recoletos tras las Marchas de la Dignidad. La querella fue presentada por la actuación policial en el dispositivo desplegado en las protesta por los "graves problemas" de la ciudadanía, organizadas ese día en Madrid.

El juez recuerda que el escrito de la querella no individualiza los hechos que se imputan al resto de denunciados además de Cifuentes y que la actuación policial se adecuó a la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Añade que los propios querellantes reconocen que en la manifestación "autorizada", a la que asistieron miles de personas, se produjeron disturbios durante los cuales se tiraron petardos cerca del cordón policial que protegía la sede del PP en la calle Génova.

Los altercados provocaron la intervención de la Policía para disolver a los manifestantes, en una actuación que los querellantes entienden que es constitutiva de delito.

Sin embargo, el magistrado instructor asegura que "es evidente que la actuación de los cuerpos policiales es consecuencia inmediata de esos disturbios, pues hasta ese momento la Policía no había intervenido respetando el legítimo derecho a manifestarse de los ciudadanos que habían acudido al llamamiento de los convocantes".

De nuevo, el juez se remite a una ley estatal, en este caso la de Seguridad Ciudadana para justificar la identificación policial a manifestantes y rechaza los argumentos de los querellantes sobre este aspecto y la disolución de la manifestación al considerar que en ningún modo estas actuaciones fueron arbitrarias, por lo que tampoco existe delito de prevaricación.