El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha anunciado este martes por sorpresa una reforma del impuesto de sociedades. Se ha comprometido con sus socios europeos a recaudar de esta forma 6.000 millones de euros adicionales para reducir el año que viene la cifra de déficit y dejarla por debajo del 3% del PIB. La medida tendría que llevarla a cabo, eso sí, el próximo Gobierno, ya que "se tiene que adoptar por ley".

Lo ha explicado a los medios de comunicación en Bruselas (Bélgica) tras la reunión del Ecofin, justo después de que los ministros de Economía de la UE avalaran el proceso sancionador a España por exceso de déficit. Nuestro país se había comprometido a reducir su déficit el año pasado hasta el 4,2% de su PIB pero se desvío hasta el 5,1% (si se cuenta la ayuda financiera a la banca), con lo que el país se alejó definitivamente de poder situar el déficit en el 2,8% en 2016, tal y como era su objetivo.

De Guindos ha confirmado que España va a presentar esta semana las alegaciones correspondientes al proceso que incluirán, entre otras, esta medida que ha calificado de "poderosa"; y se ha mostrado convencido de que al final la multa a nuestro país, que podría alcanzar los 2.200 millones de euros (0,2% del PIB), "va a ser cero". La sanción puede suponer también la suspensión de parte de los fondos estructurales.

La reforma prometida consistirá en una modificación de los pagos a cuenta que las empresas realizan en abril, octubre y diciembre (al margen de la liquidación anual del impuesto de sociedades). Se establecerá "un tipo mínimo a partir de un umbral" para el pago de estos anticipos, así que, en principio, no afectará a todas las empresas. ¿Es esto una subida de impuestos? Estrictamente no, explica a 20minutos Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que comenta que tampoco se trata de una medida nueva.

Entre 2012 y 2015, según lo aprobado en la última reforma de Montoro, a las empresas que facturaban más de 20 millones de euros se les aplicó un tipo mínimo del 12% en los pagos a cuenta. Como este año (2016) esta medida temporal ha dejado de aplicarse, la recaudación "ha caído", afirma Cruzado. Por el momento, se desconoce qué tipo mínimo contempla la promesa de De Guindos y a qué empresas va a concernir, aunque el presidente de Gestha opina que podría calcularse "a la inversa", es decir, partiendo del objetivo de los 6.000 millones para llegar a los porcentajes finales.

Para entender el mecanismo se puede realizar una analogía con el IRPF. Sería como "incrementar las retenciones" a una persona durante el año, de forma que a la hora de hacer la declaración de la renta la cuota bajaría. Así, habrá "un aumento de la liquidez" para el Estado y las empresas actuarán, grosso modo, de "financiadoras" adelantando el dinero. ¿Durante cuánto tiempo? Tampoco está claro.

El ministro de De Guindos ha dejado la puerta abierta a que esto se mantenga en el tiempo y Cruzado confirma que solo si esto es así habrá "mayores ingresos". De momento, el Gobierno intenta ganar un "año extra" en las negociaciones con Bruselas con un sistema que ya incluyó, por si acaso, en el Programa de Estabilidad 2016-2019 que entregó a Bruselas. ¿Cuándo entraría en vigor? Cruzado cree que, como pronto, el cambio en el impuesto se notaría en el pago a cuenta de diciembre, habida cuenta de que estamos ya en julio y aún no hay Gobierno.

De Guindos asegura que España no está ahora mismo "muy lejos" del 3% y suma a los 6.000 millones —un "0,5% o 0,6% de ingresos adicionales"— otras dos cantidades que ayudarían a aplacar el exceso: estima 1.500 millones de euros de ahorro en el pago de intereses de deuda y 1.000 millones más de la lucha contra el fraude. Bruselas pidió a España una mejora en su balance estructural de un 0,25 % del PIB en 2016 y un 0,50 % en 2017, lo que equivale, precisamente, a más de 8.000 millones de euros.

El Gobierno en funciones, dice Efe, considera que la reforma del impuesto no debería ser difícil de aceptar por el resto de las fuerzas políticas en las negociaciones para formar un nuevo Gobierno ya que, según la Agencia, afectaría a las grandes empresas. Y De Guindos apunta que se han comprometido a ello, a pesar de que no pueden aprobarlo en funciones, "porque otorga carta de naturaleza y fortaleza" a su compromiso.

En sus alegaciones ante la UE, España va a hablar de algunas cosas más. Por ejemplo, recordará que "ha hecho el giro más intenso y profundo" en los últimos años en el terreno económico, que hubo un rescate bancario de 41.000 millones de euros y que existe un "compromiso" real del Ejecutivo en funciones con la reducción del déficit. "La banca española hoy no genera incertidumbre", ha insistido De Guindos, afirmando que "es imposible que haya recuperación si no se percibe que en los bancos hay una situación saneada".

Tras el anuncio de De Guindos, los titulares se han disparado, ya que una de las promesas más mencionadas por el PP durante la campaña electoral, tanto por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como por el ministro Cristóbal Montoro, fue la bajada de impuestos. Rajoy llegó a decir incluso que sería un "enorme error" no bajarlos; "Vamos a bajar los impuestos", afirmó el pasado 4 de junio en un mítin. Montoro, por su parte, aseguró que el crecimiento experimentado por la economía española y las cifras de creación de empleo tenían que ver con "la política presupuestaria y con la bajada del IRPF y del impuesto de sociedades" aplicadas por el Ejecutivo.

La intervención del ministro De Guindos en Bruselas se ha producido después de que los socios de España y Portugal en la Unión Europea hayan confirmado, tal y como estaba previsto, que estos dos países no han cumplido sus compromisos para reducir su déficit público, con lo que se inicia ahora el proceso para sancionarlos.

"El Consejo considera que Portugal y España no han tomado medidas efectivas en respuesta a las recomendaciones (que se les hizo) sobre medidas para corregir su déficit excesivo", apuntan los países miembros en un comunicado. Recuerdan que ahora se "desencadena" el proceso para imponerles una multa, que puede oscilar entre el 0,2% de su PIB y cero euros.

Los países han confirmado que tanto España y Portugal no van a reducir su déficit por debajo del 3% de su PIB en el plazo acordado y que el esfuerzo fiscal hecho tanto por el Gobierno español como por el luso durante 2015 se quedó "significativamente por debajo de lo recomendado".

Por lo tanto, la Comisión Europea (CE) tiene ahora veinte días para recomendar una sanción a ambos países, que cuentan a su vez con diez días para presentar sus alegaciones y tratar de lograr que se reduzca la multa.

Una vez que la Comisión presente su propuesta de multa, el Consejo de la UE contará con otros diez días para oponerse a la misma, de modo que si no lo hace, se aplicarán. "Estoy seguro de que al final tendremos un resultado inteligente", aseguró Peter Kazimir, ministro de Finanzas de Eslovaquia, país que ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE.