Dejarlo todo para huir de la guerra y la persecución... para acabar en la indigencia en un país del primer mundo. Ese es uno de los grandes riesgos que afrontan quienes llegan a España en busca de protección internacional, según el informe que ha publicado este martes Amnistía Internacional (AI). "El sistema de asilo español es ineficaz, obsoleto, discriminatorio y a medio plazo lleva a las personas a la exclusión y a la indigencia", afirma el director de AI España, Esteban Beltrán.

La organización denuncia que el Gobierno "no cumple sus compromisos con la reubicación de refugiados". España se comprometió con Bruselas a reubicar a casi 16.000 procedentes de Grecia e Italia antes de 2017, y a reasentar otros 1.449 desde los campos de Turquía o Líbano. De momento, la cifra de los primeros está en 104, pese a que el acuerdo data de octubre de 2015. El Gobierno español culpa a la burocracia exterior de los retrasos, pero Beltrán opina que la verdadera razón es "la falta de voluntad política". "No quieren recibir refugiados. ¿Por qué si no Canadá, que está a 12.000 kilómetros, ha podido acoger a 18.000  en seis meses?", afirma.

Pero estas cifras no son el único problema. A los que van trayendo con cuentagotas hay que sumar los que llegan a España "de forma espontánea". Así, a finales de 2015  había más de 16.400 solicitudes de asilopendientes de ser resueltas, una de las tasas más bajas de la UE. "Llegan, pero no se quedan",  señala Beltrán. "¿Y por qué no lo hacen?", se pregunta. La razón, según el informe, es un sistema lleno de agujeros, inadecuado e insuficiente que en muchas ocasiones no garantiza una acogida digna  ni efectiva ni la plena integración.

Obsoleto y sin reglamento. La Ley de Asilo de España está «obsoleta» porque no ha incorporado las últimas directivas europeas en materia de asilo, de carácter vinculante. De hecho, la Comisión Europea ha dado recientemente un toque de atención a España a este respecto. Asimismo, tras la reforma de 2009, sigue sin aprobarse el reglamento que debía desarrollar el contenido de la Ley, con lo se produce un vacío legal que se traduce en falta de información para estas personas y problemas a la hora de conocer sus derechos. "Sin información no pueden exigirlos, y las ayudas previstas se otorgan de manera arbitraria y desigual a través de normativa de menor rango". En consecuencia, no se cumplen los estándares internacionales, según el informe.

El limbo de Ceuta y Melilla. La normativa española sobre asilo no se aplica en los Centros  de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de las ciudades autónomas como en el resto de la península. No tienen libertad de circulación, y a ello hay que añadir el hacinamiento, las pobres condiciones higiénicas y sanitarias, falta de escolarización de los menores, robos y problemas de seguridad. No se garantiza el derecho a la vida familiar, ya que muchas familias familias son separadas.

Discriminatorio. En España "la nacionalidad es una cuestión de privilegio" en materia de asilo, concluye AI. Las hay con mayores dificultades para que su petición sea estudiada, algo que ocurre sobre todo a personas de países  del África subsahariana. Si están en Melilla, les cuesta más ser trasladadas a la Península, algo que los sirios consiguen con mayor agilidad. Y aunque su permiso de solicitantes de asilo les autoriza a residir en todo el territorio español, en la práctica no se les permite viajar libremente a la Península.

Ineficaz e insuficiente. Los solicitantes de asilo que llegan al país  se enfrentan con "un laberinto legal" que, según la organización, no garantiza su integración y que, en muchos casos, tarda años en resolver su solicitud. Sin embargo, el sistema solo prevé un periodo de acogida de hasta 18 meses. En los primeros seis meses se otorga alojamiento en centros o en pisos de ONG y ayudas económicas.  En la segunda fase, hay ayudas para la subsistencia y en la tercera, salvo, casos contados, "quedan abandonados a su suerte», enfrentándose a múltiples obstáculos sin ayudas específicas para la integración, como exige la Ley. La falta de apoyo puede llevarles a situaciones de máxima vulnerabilidad".

Desatención a los más vulnerables. AI denuncia que el sistema carece de mecanismos para garantizar que se detecta a personas con necesidades especiales, como víctimas de trata, de abusos, etc.  No hay entrevistas sistematizadas, lo que les impide acceder a ayudas y recursos específicos para sus perfiles.

Como conclusión, Amnistía ha reclamado al nuevo Gobierno y al nuevo Parlamento que elabore un plan integral de acogida con medidas concretas que garantice todo el proceso y la coordinación con otras administraciones locales y autonómicas de sus servicios sociales. "España no está dando la bienvenida que se merecen a las personas que huyen de la guerra y la persecución, de manera que puedan acceder a una acogida digna, un procedimiento de asilo justo y efectivo y su plena integración", concluye Beltrán.

Testimonio de Amira, libia de 32 años

Activista especializada en la lucha por los derechos de las mujeres, decidió huir de su país tras la guerra civil y pedir asilo. Llegó a España hace ya dos años y cuatro meses, pero sigue "sin saber nada" de su solicitud.  A los seis meses, una vez agotadas las ayudas, le dieron 340 euros y la dejaron fuera del centro en el que estaba, en Alicante. Se fue a Barcelona y pasó un año sola, buscando trabajo y "sobreviviendo" gracias a las ayudas de amigos en Europa. Ahora tiene un empleo, pero aunque le gustaría formar una familia, no se atreve a iniciar una relación o a estudiar un master de diseño, con lo que sueña. "¿Quién sabe qué va a ser mañana de mi vida? No puedo planear nada porque mi vida está paralizada, a la espera. Necesito dejar de ser un número y recuperar mi nombre".