El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a suspender, si bien parcialmente, la segunda versión de la Ley de Pobreza Energética catalana, al admitir a trámite el recurso que el Gobierno central presentó contra esta nueva redacción de la norma que promovió el ejecutivo catalán tras la suspensión de la primera.

El pasado mes de abril el TC anuló parcialmente el decreto-ley catalán que impedía a eléctricas y gasistas cortar la energía a familias que no pudieran pagar las facturas, es decir, en situación de pobreza energética.

La anulación de aquella norma dio lugar a una comisión negociadora entre los ejecutivos catalán y central para encontrar una redacción acordada de la ley, negociación que no alcanzó un acuerdo.

A resultas de aquel proceso el Parlamento catalán promovió una nueva redacción de la norma y el ejecutivo central la recurrió parcialmente, es decir, acudió ante el TC contra los preceptos de este nuevo texto que no habían sido acordados, los cuales han sido suspendidos ahora por el alto tribunal.