La Audiencia Nacional ha ratificado este jueves el bloqueo de las cuentas bancarias del primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol Ferrusola y de su exmujer Mercè Gironés ante la falta de pruebas que acrediten que sus ingresos provenían de trabajos de mediación en contrataciones en el sector público.

La sección tercera de lo Penal resuelve así en sendos autos los recursos que ambos interpusieron para reclamar el levantamiento de las medidas de bloqueo y embargo de sus cuentas bancarias personales y las de sus empresas, así como de la prohibición de disponer sobre inmuebles de los que es titular Pujol Ferrusola.

La Sala considera que de lo actuado se desprenden indicios de la existencia de un delito de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, y falsedad en documento mercantil que justifican la adopción de medidas cautelares.

A modo de ejemplo, los magistrados señalan que el importe de las facturas expedidas por las empresas vinculadas a Pujol Ferrusola y en su momento también a Gironés -Iniciatives Mareketing Cat, Active Translation, Inter Rosario Port Services-, que asciende a 11,5 millones de euros, "carecen de pruebas que justifiquen la realización de trabajos".

Según recuerda el tribunal, la cifra principal de los negocios del primogénito de los Pujol proviene de "la explotación de concursos, proyectos y licitaciones en el sector público, especialmente de tipo urbanístico".

La Sala también hace referencia a una operación "en el ámbito familiar" cuando ya estaba siendo investigado consistente en una donación que le hizo a su hija Nuria con la que ésta después compró un inmueble que pertenecía a una de las sociedades vinculadas a su padre, "por lo que en definitiva el recurrente es el destinatario del importe de la singular compra-venta de su inmueble".

De este modo, añade el auto, Pujol Ferrusola "recupera el dinero de la donación, pues el dinero donado a su hija, 585.000 euros, y el importe pagado por el inmueble, 495.000 euros" pudo servir "para pagar los impuestos que devengara dicha operación".

También destaca la Sala la compra de un terreno en Palamós por 217.000 euros que fue vendido a los tres años por 4,8 millones, "cuantía que difiere mucho de los terrenos colindantes", y que pagó el Grupo Copisa "metido de lleno en los concursos, proyectos y licitaciones en el sector público".

A esto añaden que Pujol Ferrusola "se deshizo de activos con la implicación de Mercé Gironés" y las empresas a ellos vinculados.

El pasado 12 de febrero, el juez José de la Mata, instructor del caso Pujol, impuso a Júnior comparecencias semanales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España al considerar que "faltó claramente a la verdad" sobre su fortuna.

El juez tomó esta decisión basándose en tres indicios criminales: que urdió un entramado societario internacional para blanquear dinero, que se fue deshaciendo de su patrimonio a raíz de la investigación judicial y que nunca ha sabido justificar de dónde salió la fortuna familiar en Andorra que él manejó, ni tampoco los 11 millones que cobró de empresarios.

Según De la Mata, durante años "Jordi Pujol Ferrusola coordinó la gestión de un importante patrimonio económico cuyo origen no ha sido acreditado, asignándolo a toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias y operaciones financieras de distintas índole en distintas jurisdicciones y paraísos fiscales, siempre en beneficio de la familia".