La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto Diligencias de Investigación en base a la documentación remitida por la Consejería de Educación y Cultura del Principado sobre presuntas irregularidades detectadas en el suministro de material a centros educativos de la comunidad para favorecer a las empresas Comercial Técnica Integral (APSA) y Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo), inadmitida por el tribunal que juzga el 'Caso Marea', por presuntas irregularidades en la Administración del Principado.

El 22 de diciembre de 2015, la Fiscalía del Principado de Asturias incoó unas Diligencias de Investigación tras recibir un escrito de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, acompañado de distinta documentación, en el que daba cuenta de presuntas irregularidades detectadas en centros escolares de la comunidad en relación con material suministrado por APSA e Igrafo.

Una vez abiertas las Diligencias de Investigación, la Fiscalía solicitó una ampliación de la información recibida a la Consejería, que contestó el 28 de enero de 2016 que toda la documentación solicitada, y la que ya se había incorporado a las Diligencias, había sido remitida a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias para que fuera utilizada en el Procedimiento Ordinario para cuantificar los daños provocados al Principado de Asturias, en el denominado 'caso Marea'.

De este modo, y dado que el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el Fiscal debe cesar en sus Diligencias de Investigación tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento penal sobre los mismos hechos, el 21 de marzo de 2016 se dictó un Decreto de Archivo de las Diligencias de Investigación abiertas al respecto.

El pasado lunes, 4 de abril, durante la primera sesión del juicio oral por el 'caso Marea', en el trámite de cuestiones previas, la Sala dio traslado al Fiscal y a las demás partes para que informaran sobre la admisión en el procedimiento de la prueba documental aportada, el 29 de febrero de 2016, por el Gobierno del Principado de Asturias relativa a las presuntas irregularidades detectadas sobre el suministro de material escolar.

La Fiscal interesó su inadmisión al entender que no se cumplían los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para su incorporación a la causa en ese momento procesal, al tratarse de documentos a los que el Gobierno del Principado de Asturias ya había tenido acceso desde el inicio de la causa (año 2011) y que durante toda la instrucción no fueron aportados.

Esto, y dado que el Juzgado desconocía su existencia, provocó que el proceso no se siguiera por esos hechos concretos y, por lo tanto, no se tomara declaración sobre ellos en calidad de imputados a los ahora procesados, lo que -de aceptarse- les causaría una patente indefensión. La Sala estimó las pretensiones del Fiscal y de las defensas, que se adhirieron a las mismas, y acordó la devolución de los documentos.