El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra ha suspendido este miércoles el juicio por un supuesto delito de prevaricación continuada contra quien fuera alcalde de O Porriño (Pontevedra) con el BNG, Raúl Francés, debido a la falta de dos cajas con pruebas documentales.

El juez ordenó que se remita un oficio al Juzgado de Instrucción número 1 de O Porriño para que envíe las dos cajas con los documentos que forman parte de la instrucción. El juicio será de nuevo señalado para una fecha que quede libre en el mes de mayo.

Los hechos por los que se acusa a Raúl Francés tuvieron lugar entre 2007 y 2010, en el momento en que éste era alcalde de O Porriño con el BNG. Francés dejó la alcaldía en enero de 2010, obligado por una moción de censura apoyada por PP, Ciudadanos por Porriño e Independientes, y que facilitó la llegada al poder de Nelson Santos (también investigado en varias causas judiciales).

Raúl Francés volvió a la escena política pública cuando anunció que concurriría, como independiente, en la lista del PSOE de las pasadas municipales, encabezada por Eva García de la Torre. De hecho, Francés fue concejal de Hacienda, Empleo y Cultura hasta que, en noviembre de 2015, dimitió al conocer que se le abriría juicio oral por la causa por la que será juzgado este miércoles.

La vista oral llegó a iniciarse con la declaración del exalcalde, quien explicó que, debido a un "colapso en el servicio de urbanismo", se precisó una asistencia técnica por lo que "se procedió a la contratación de una persona conforme a la normativa".

El regidor ha reiterado, a preguntas del fiscal, que "siempre" hizo "las cosas tal y como le indicaron los servicios técnicos". También ha señalado que Contratación y Secretaría "se encargaron de la redacción de los papeles necesarios que yo firmé".

"prueba imprescindible"

Precisamente, en el momento en el que la Fiscalía quiso exhibir el contrato para que el acusado reconociese su firma se descubrió que los documentos originales no estaban a disposición de la Sala.

Una prueba "imprescindible", según dijo el fiscal, que pide una condena de 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público para el exalcalde al que acusa de tres contrataciones en el concello, que considera ilegales.

El exregidor concurrió en las pasadas elecciones como número dos en la lista del PSdeG-PSOE. Precisamente la actual alcaldesa Eva García de la Torre acudió hasta los juzgados de A Parda para acompañar a Raúl Francés, quien dimitió en noviembre tras el auto de apertura de este juicio.

"asesorado por los técnicos"

El exalcalde no quiso hacer declaraciones, pero su abogado, Rodrigo Rodríguez Latorre, explicó a los medios de comunicación que Raúl Francés contrató "asesorado por los técnicos municipales".

En el caso de la contratación de la funcionaria del Servicio de Atención a la Mujer el letrado entiende que "está excluido de la fiscalización del ayuntamiento porque es una subvención de la Xunta y la Unión Europea (UE), que serían las que tienen que fiscalizar", por lo que "carecen de validez" las advertencias del interventor municipal y sus reparos al abono de las facturas.

Respecto a la contratación de un abogado, entiende la defensa del exalcalde que "hay unos defectos o unos fallos jurídicos o bien de la secretaría o bien de intervención" y finalmente, con relación al ingeniero técnico del servicio de urbanismo, ha apuntado "el señor Francés no tuvo intervención alguna".

FISCALÍA

Por el contrario, la Fiscalía sostiene que el acusado realizó estas contrataciones y satisfizo las sucesivas facturas que le fueron presentadas teniendo conocimiento que "no cabía la contratación directa" por no tratarse de un contrato menor.

"La conducta del señor Francés es transparente y perfectamente justificada", ha declarado su abogado, quien ha minimizado el impacto de la condena que se le imponga sea "de tres o nueve años". "Me da igual, porque la trascendencia es política y Raúl no creo que se vaya a dedicar más a la política", ha apuntado.

"Aquí no hay daño, no se ha llevado dinero, no ha cometido ni un fraude ni una estafa, sino una reiteración continuada" en el pago de los salarios de tres técnicos, ha recordado el abogado del exalcalde.

El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público para Raúl Francés.