A pocos días de que de comienzo el juicio sobre el llamado caso Marea, un presunto caso de corrupción en el seno del Gobierno asturiano, durante el mandato del socialista Vicente Álvarez Areces, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez ha querido dejar claro que el Gobierno asturiano "reclamará hasta el último euro del daño causado a la Administración", por el que se reclaman más de 4,5 millones de euros.

El consejero, que ha recordado que el Principado es acusación en este caso, ha resaltado la "extraordinaria labor de los servicios jurídicos del Principado que con total autonomía e independencia están llevando este caso" asegurando que harán "la mejor defensa de los intereses" del Principado.

Martínez ha querido remarcar que desde el Gobierno "jamás se ha puesto impedimento alguno para la celebración del juicio" y ha añadido que "nunca hubo ni habrá ningún tipo de negociación o acercamiento para llegar a acuerdos, nuca se manejó esa idea".

Dispositivo especial

Martínez ha mantenido este miércoles una reunión con el con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Soto Jove y el director de Justicia, Rafael Abril, en la que se ha abordado el dispositivo puesto en marcha para la celebración del juicio.

Así, por primera vez en Asturias y tal y como estableció la sección tercera, se ofrecerá señal institucional para los medios de comunicación de las sesiones a partir del día 13 de abril, día en el que comienzan a declarar los acusados.

Vidau ha destacado la total colaboración del Gobierno regional para la puesta a disposición de la justicia de todos los medios necesarios para celebración de este juicio, a pesar de la premura con la que la sección tercera hizo público el auto en el que se autorizaba la señal institucional para la prensa de la vista.

La reunión ha sido aprovechada para poner sobre la mesa algunas de las carencias de la Administración de Justicia y las principales demandas.