La Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción, Fadeco, ha pedido que la Junta establezca ayudas a la compra de vivienda protegida en el nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, y ha pedido asimismo que se pueda reducir el período de descalificación de la vivienda protegida de los 30 años que establece el borrador a 15 años.

En las alegaciones al borrador del nuevo plan de vivienda, a las que ha tenido acceso Europa Press, Fadeco, que recuerda que "el peor plan es el que no existe", ha apuntado que el último Plan Concertado de Vivienda y Suelo concluyó en diciembre de 2012, por lo que aplaude el interés de la Consejería de Fomento y Vivienda en formular un nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación.

No obstante, ha lamentado que este nuevo plan "en el mejor de los casos verá la luz en el primer trimestre de 2016, cuando quedarán pocos meses para la finalización del Plan Estatal, al que en 2017 puede seguir otro con el que habrá de coordinarse el nuevo plan andaluz, a través del correspondiente convenio", todo lo cual ocasiona "un larguísimo período de vacío normativo y eficacia práctica". Ante esto, Fadeco pide "más rapidez para que el plan sea operativo", especialmente evitando "demoras" en el convenio con el Estado.

Tras valorar la herramienta de los planes municipales de vivienda y suelo, Fadeco se muestra "preocupado" por la "condición-limitación", en la medida en que "se pone a disposición de los ayuntamientos el ejercicio de un potestad-atribución desorbitada".

Considera que el planteamiento del borrador sobre los planes municipales se presta a "confusión", puesto que "el carácter de obligación de su elaboración choca con el carácter potestativo de su posible exigencia por parte de los distintos programas del plan".

Por otro lado, sobre los registros municipales de vivienda protegida, tras recordar que no están implantados en todos los municipios y apuntar que "donde lo tiene no resultan mínimamente eficaces", Fadeco considera que el nuevo plan "debería resaltar la necesidad de que estos registros logren mayor eficacia práctica y se conviertan en el mejor instrumento para conocer las necesidades de vivienda".

Asimismo, tras valorar que haya específicamente programas de vivienda protegida en venta, y se contemplan las figuras de régimen general y régimen tasado, que "eleva el espectro de posibles adquirentes, al establecer límites de ingresos fijados en 4,5 y 5,5 veces el Iprem", Fadeco critica que ni en estas dos figuras ni en el de régimen especial "se recoge ayuda alguna".

Por ello, Fadeco ve conveniente que se contempla algún tipo de ayuda a la adquisición de vivienda protegida, para que se incentive la promoción de este tipo de viviendas. Ha advertido de que "de no haber ayudas, difícilmente puede promoverse la existencia de viviendas protegidas".

Lamenta que "no se contempla financiación cualificada para la adquisición ni para la promoción privada de viviendas en régimen de alquiler".

Por otro lado, en materia de calificación, Fadeco "no entiende" que las viviendas y alojamientos protegidos calificados definitivamente al amparo del plan "mantengan su régimen de protección durante 30 años y no puedan ser objeto de descalificación", por lo que pide que exista una posibilidad de "descalificación", cumpliendo ciertos requisitos, que Fadeco cifra en un paso de 30 años a 15 años en el plazo para poder descalificar, "período suficiente para evitar procesos especulativos y favorecer la dinamización del mercado inmobiliario, sobre la base de factores como la movilidad y las oportunidades laborales, los cambios en el modelo de familia, o las expectativas de mejora en las personas".

Ha pedido además la "máxima simplificación administrativa" en la tramitación para la calificación de viviendas.

Privilegios de la promoción pública

Asimismo, advierte de la existencia de "privilegios" para la promoción pública frente a las promociones privadas de vivienda protegida en dicho plan.

Igualmente, asegura que existe "favorecimiento de las cooperativas y el régimen de autoconstrucción" en el diseño del plan, cuando, según afirma Fadeco, esas sociedades cooperativas de vivienda "están integradas en muchos casos por personas advenedizas y ajenas al sector, lo cual ha sido fuente de problemas de toda índole". En el caso de la autoconstrucción además considera que "es uno de los agentes que ha incurrido con mayor frecuencia en el fenómeno de asentamientos ilegales".

Por ello, pide que se potencie la profesionalización en todos los ámbitos de la construcción, "aplicándoles a todos los intervinientes las mismas exigencias y requisitos".

Considera que el llamado Plan de Intervención Social, contenido en el borrador "tiene contenidos poco definidos, y parece responder más a consideraciones políticas que a verdaderas exigencias en el ámbito de la vivienda protegida", por lo que pide su supresión o la reducción a un informe previo con carácter preceptivo no vinculante.

Aboga por destacar la "necesaria participación" en la implantación de la cultura de la rehabilitación edificativa de las organizaciones empresariales y de los colegios profesionales, articulándose a tal fin convenios de colaboración.

Por otro lado, Fadeco aboga por mantener el coeficiente por el que se ha de multiplicar el módulo básico en el caso de las viviendas protegidas de régimen especial, y considera que el nuevo coeficiente, que se ha fijado en 1,4, supone "una reducción del siete por ciento respecto al anterior plan", lo cual "determina la dificultad de ejecución de este tipo de viviendas por la iniciativa privada".