El pasado lunes fueron detenidas 13 personas presuntamente relacionadas con un fraude millonario -al menos de 25 millones de euros según fuentes de la investigación- en contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

Según la Guardia Civil, se trata de la Operación Frontino, en la que, además, se han practicado 16 registros, entre ellos los de la sede central de la empresa pública en Madrid, sus delegaciones en Murcia y Valencia, la desaladora de Torrevieja (Alicante) y puestos de trabajo de algunas empresas adjudicatarias de contratos.

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. es el principal instrumento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las cuencas mediterráneas. El ente tiene por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas.

El cumplimiento del objeto social de Acuamed puede ser realizado directamente o mediante la participación en el capital de otras sociedades que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados anteriormente.

Acuamed es un ente dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente cuyo capital –suscrito y desembolsado totalmente por el Estado Español– asciende a 1.530 Millones. El Estado es único socio fundador y titular de todas las acciones que integran la sociedad. Es, por tanto, una empresa 100% pública.

Los Presupuestos Generales de 2015 asignaron a Acuamed 238,44 millones de euros, una cuantía notablemente superior a los 204,13 millones de euros recibidos en 2014. En esos dos años la sociedad ha presentado superávit.

El año 2014 se cerró con 9.819.103 millones de euros de beneficio para Acuamed mientras que el ejercicio de 2013 terminó con un saldo positivo de 3.374.569 millones de euros en las cuentas de la empresa pública.

Las actuaciones de la empresa pública superan el centenar y buscan, según su página web, tres objetivos principales: incrementar los recursos hídricos, mejorar la gestión del agua y restaurar el medio ambiente.

Entre los servicios concretos que ofrece Acuamed se encuentra la desalación de agua marina para su utilización tanto para consumo humano como para riego y usos industriales y la depuración de aguas residuales para su reutilización industrial y agrícola.

La empresa pública opera en las siguientes cuencas hidrográficas: Segura, Júcar, Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza y Cuencas Internas de Cataluña.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una supuesta trama que desde Acuamed habría adjudicado obras de forma fraudulenta y habría falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.

Las obras investigadas se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.

La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional -del que es titular Eloy Velasco- investigan los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.

La investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. El fraude podría ser de al menos 25 millones de euros, según informaron fuentes de la investigación a la agencia EFE. En los próximos días se procederá a citar en calidad de investigados -nueva denominación para los imputados- a 35 personas.

En la operación han sido detenidas por el momento trece personas, entre ellas el hasta hoy director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, la directora de Ingeniería y Construcción de esta entidad, Gabriela Mañueco, y sus delegados en Murcia y Valencia.

Mateo era el máximo responsable ejecutivo de la Sociedad, encargado de la gestión y coordinación de las actividades que se desarrollan, al tiempo que es responsable de implantar las directrices estratégicas y de aplicar los acuerdos y decisiones que se adopten en el Consejo de Administración. Antes de su nombramiento era directivo del área corporativa de operaciones del Banco Santander. Su sueldo en Acuamed ascendía a 130.000 euros anuales.

Por su parte, la directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, era la encargada de coordinar y supervisar el desarrollo de todas las actuaciones en el ámbito de la construcción, las actividades operacionales en cada una de las gerencias territoriales para conseguir cumplir los objetivos técnicos y económicos.

El Consejo de Administración de Acuamed ha acordado este martes el cese "inmediato" Mateo y Gabriela Mañueco, por "pérdida de confianza y la alarma social" causada por su detención en el marco de la Operación Frontino.

Entre los detenidos tambien se encuentran directivos de las empresas adjudicatarias, como Miguel Jurado, el presidente de la empresa FCC Construcción, y altos cargos de la empresa Acciona. Jurado sustituyó en el cargo a Fernando Moreno, quien a su vez pasó a ocupar el puesto que dejó al frente de FCC Construcción José Mayor Oreja -hermano de Jaime Mayor Oreja- cuyo nombre aparecía en los papeles de Bárcenas.

La presidencia del Consejo de Administración de Acuamed recae desde el pasado mes de junio sobre Pablo Saavedra Inaraja, secretario de Estado de Medio Ambiente -actualmente en funciones- despues de que el anterior secretario, Federico Ramos, dejara el puesto para ser subsecretario del ministerio de la Presidencia.

El PSOE ha registrado este lunes la petición de comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que dé explicaciones por el las posibles contrataciones fraudulentas de la empresa pública Acuamed. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, en declaraciones en la Cámara Baja, ha asegurado que se trata de "un escándalo de corrupción alarmante" que debería llevar a García Tejerina a informar ante el Parlamento pese a que el gobierno está en funciones.

"No estamos exigiendo ningún tipo de responsabilidades a la ministra, sino que le estamos pidiendo que informe a la Cámara la información que en estos momentos tiene. Es una de las obligaciones que creemos que tiene un Gobierno aunque está en funciones", ha asegurado el portavoz socialista.

Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha dirigido una pregunta a la Comisión Europea para saber si hay dinero procedente de fondos comunitarios en el fraude. También pregunta si, en caso de confirmarse el desvío de fondos, exigirá su devolución a las arcas europeas.

Según Albiol, la Unión Europea debería tener formas de control para asegurar que el dinero de los europeos no va a parar "a bolsillos privados". Desde el año 2013, Acuamed ejecuta un proyecto con un valor de 1.700 millones de euros, una parte importante de los cuales (1.000 millones solo en el año 2013 según la propia empresa), procede de fondos europeos, indica Albiol en su pregunta.