'Operación Púnica'
Agentes de la Policía Local, en el marco de la 'operación Púnica'. EFE

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha puesto una fianza de 100.000 euros para eludir la prisión a David Marjaliza, considerado socio del exconsejero madrileño Francisco Granados en la trama Púnica. Los dos son los únicos imputados en este caso que permanecen en prisión desde octubre de 2014, uno en la cárcel de Estremera (Granados) y otro en Aranjuez (Marjaliza), en Madrid.

Velasco ha adoptado esta decisión en un auto después de que la Fiscalía Anticorrupción planteara dejarle en libertad bajo fianza de 250.000 euros al entender que ha colaborado de forma positiva con la investigación (el pasado verano declaró 13 horas a petición propia) y podría ver rebajada una hipotética condena, por lo que disminuye el riesgo de fuga, han informado fuentes jurídicas.

Una vez que Marjaliza (que está en la prisión de Aranjuez) deposite la fianza, el juez anuncia que le impondrá como medidas cautelares la comparecencia quincenal, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio. Además deberá facilitar un teléfono y domicilio al juzgado y avisar de cualquier cambio.

13 horas de declaración

Durante el último año Marjaliza ha prestado hasta 13 horas de declararación ante el juez Velasco en las que, según fuentes jurídicas, ha detallado el 'modus operandi' de la trama de corrupción.

Asimismo, ha involucrado en sus actividades al consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid Jaime González Taboada, el exalcalde de Alcalá de Henares y diputado regional Bartolomé González (PP) y la parlamentaria de Ciudadanos y exconcejal del PSOE en Valdemoro Eva Borox.

A juicio del juez instructor, la colaboración con los investigadores que se desprende de las declaraciones de Marjaliza, que continúan bajo secreto de sumario, permitiría rebajar "una hipotética condena", lo que hace disminuir el riesgo de fuga.

Más de 33 millones de patrimonio

Marjaliza, al que la investigación atribuye un patrimonio de más de 33 millones de euros y la presencia en unas 150 empresas, está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal.
 
Durante su declaración, las fiscales Anticorrupción llegaron a señalar que Marjaliza había cometido "absolutamente todos los delitos". Según Anticorrupción, Marjaliza utilizó sus "muchísimas influencias" en Valdemoro y en "otros muchos ayuntamientos" de la Comunidad de Madrid en los que operaba la trama Púnica para obtener contratos públicos a cambio del pago de comisiones ilegales.

"Personas de su confianza"

Así, constituyó una organización criminal sustentada en "personas de su confianza" y actuó como "conseguidor" de la compañía Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, al lograr la adjudicación de contratos de eficiencia energética "fruto de sus contactos con alcaldes, concejales y técnicos".

También habría puesto en marcha una red de blanqueo de capitales con cuentas en Suiza y Costa Rica a su nombre y el de su mujer, Adela Cubas. Estos fondos, según las fiscales, fueron desviados a los depósitos de dos empresas y trasladados posteriormente a cuentas de Singapur. "Con el retorno del dinero a España, se cierra el círculo de la operativa de blanqueo", señalaban los jueces  

El patrimonio de Marjaliza era tal que el constructor llegó a construirse un zulo en su casa, situada en el número 14 de la calle Libertad de Valdemoro, al objeto de "ocultar obras de arte o dinero en efectivo".