El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha exigido este martes la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la 'ley mordaza', y ha insistido en que la huelga es "un derecho fundamental" recogido en la Constitución Española.

Así lo ha señalado en rueda de prensa, junto al secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Jesús Villar, y el que fuera secretario general del sindicato agroalimentario en CCOO-Sevilla José Corral, acusado por "convocar una huelga en la empresa Aperitivos Matarile" y cuyo juicio se celebra este miércoles.

Carbonero ha advertido de que "40 años después de la muerte de Franco" se dictan sentencias condenatorias por manifestarse, como la conocida este pasado lunes a un joven de la Universidad de Jaén (UJA) que se manifestaba en contra la Lomce.

De esta manera, ha pedido el cambio de las políticas "regresivas" de la 'ley mordaza' y la retirada del artículo 315.3 del Código Penal, que "viene de los tiempos de la dictadura' y que señala que 'quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses.

"No nos vamos a dejar de manifestar y no vamos a abandonar el derecho a huelga", ha señalado

En este mismo sentido, se ha pronunciado Villar, quien ha querido "desmitificar la criminalización" del derecho de huelga. "Es un derecho fundamental, que lleva 30 años ejerciéndose y que está muy arraigado en nuestra sociedad", ha subrayado.

Tras apuntar "la intención política de la derecha de desequilibrar las fuerzas del lado de la empresa", ha afirmado que "la huelga y los piquetes informativos sirven para equilibrar la fuerzas entre empresarios y trabajadores y son herramientas del estado de derecho incuestionables".

Caso en marchena

El sindicato ha querido destacar el caso de la empresa Aperitivos Matarile, de Marchena (Sevilla), donde están acusadas tres personas —dos miembros del que fuera comité de empresa que se creó hace ocho años y el que fuera secretario general del sindicato agroalimentario de CCOO-Sevilla José Corral— por "supuestamente ir en contra de los derechos de los trabajadores" en una huelga indefinida que se convocó en 2007 para pedir un convenio colectivo en esta entidad.

Según ha relatado, hace ocho años los trabajadores de esta empresa decidieron por asamblea exigir un convenio colectivo a la empresa. Esto llevó a realizar movilizaciones y terminó por convocarse una huelga indefinida que duró 34 días.

"Dentro de la estrategia para atemorizar a los trabajadores, la empresa decidió denunciar a estas personas que pedían un convenio colectivo propio, teniendo en cuenta que no había ni convenio provincial, ni regional ni estatal aplicable", ha explicado Villar.

La situación se resolvió con la realización de este convenio y la empresa terminó retirando las denuncias planteadas, pero si bien, "ahora es la Fiscalía la que continúa con los cargos", aunque "la empresa ha firmado en este tiempo dos convenios más, ha aumentado plantilla y ha mejorado en ventas".

El juicio se celebrará este miércoles y la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para estas tres personas, según ha apuntado el propio Corral, quien ha dicho no entender "cómo se le puede acusar de ir en contra de los trabajadores cuando la huelga se convocó para justo lo contrario".

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que una empresa recibe una multa en el caso de un despido improcedente, pero a "un trabajador por convocar una huelga se le pide cuatro años".