Vicente Flores lleva más de cinco años luchando para ser readmitido en la Guardia Urbana de Barcelona y poder desempeñar funciones no operativas. Tras sufrir un accidente laboral que derivó en que le fuera reconocida una incapacidad permanente total para su puesto habitual, el Ayuntamiento desestimó su petición de pasar a segunda actividad y con 31 años fue jubilado automáticamente y expulsado del cuerpo. Su último recurso ha sido interponer una denuncia ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la primera petición individual de este tipo que se presenta contra España.

El 20 de mayo de 2009, Vicente fue arrollado por un coche en un cruce cuando se dirigía en moto a atender un caso de violencia machista. Permaneció hospitalizado varios meses. Su lesión en el pie derecho se agravó el día que, estando aún de baja, fue testigo de un robo con fuerza en plena calle. Persiguió y logró reducir al ladrón pero a costa de una recaída.

Las secuelas que le quedaron fueron definitivas. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) determinó que tenía una incapacidad permanente total para ejercer su profesión y le concedió una pensión equivalente al 55% de su sueldo. "Tengo artrosis degenerativa. Me van a tener que volver a operar para fijarme el pie con una estructura metálica. Lo tengo hinchado continuamente y el dolor es tremendo. No puedo caminar mucho. Y esto va a ir a peor, no tiene solución", cuenta en una conversación telefónica con 20minutos. El no poder pisar bien le está provocando además problemas en la rodilla y el tobillo de la pierna izquierda y en las caderas.

Esta situación le llevó en 2010 a solicitar al Consistorio de Barcelona el pase a segunda actividad. "Puedo hacer múltiples funciones dentro de la Guardia Urbana: puedo atender el teléfono de emergencias, tomar nota de las denuncias, sé idiomas y puedo hacer de traductor con los extranjeros, impartir educación vial…", enumera. El Ejecutivo local sin embargo denegó su petición acogiéndose a la ordenanza municipal que excluye de ese traslado a todo aquel que tenga reconocida una incapacidad laboral, salvo que sea parcial.

"El mensaje que me han lanzado es: si tienes una incapacidad parcial aún nos sirves y puedes continuar pero si tienes una incapacidad total, ya no nos sirves y a la calle. Eso es duro", lamenta Vicente. "A mí me han echado por discapacitado", agrega.

Ante la decisión del Ayuntamiento, este exagente acudió a la Justicia, que en primera instancia le dio la razón. Pero el Consistorio recurrió el fallo y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña asumió su tesis. Después de que ni el Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitiesen a trámite su caso, el último paso ha sido presentarse ante el comité de la ONU. En este proceso, Vicente está apoyado y representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Estatal), la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, y además, el organismo independiente designado por el Estado para velar por el cumplimiento de la convención internacional en esta materia.

La petición presentada denuncia que se está violando ese tratado, en vigor en España desde 2008 y que establece que los "Estados Parte" tienen dos obligaciones respecto al mundo laboral: la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, y su acceso y mantenimiento en el empleo. Este texto internacional determina igualmente que los firmantes deben "tomar las medidas pertinentes para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad", así como "velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la convención".

En este caso se habla de una norma "per se discriminatoria", en referencia a la ordenanza municipal, y que está infringiendo el principio de jerarquía normativa, ya que existe una ley autonómica que "no establece ningún límite en el pase a segunda actividad". La parte demandante cita circunstancias como las de los bomberos de la propia Generalitat, que sí tienen reconocido el traslado a funciones no operativas en caso de incapacidad permanente total.

También argumentan que si bien el TSJ apoyó su sentencia con el Estatuto Básico de Empleado Público, el cual determina que la jubilación puede venir por la declaración de una incapacidad permanente total, a la Policía Local le es aplicable el Reglamento General de la Seguridad Social, que no prevé ese extremo. "Se produce una extraña dualidad normativa", critica Leonor Lidón Heras, delegada del Cermi para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos.

Otro de los aspectos que se apuntan en la petición individual presentada en Naciones Unidas es el hecho de que la valoración de las capacidades que realiza el INSS hace referencia a las exigencias del puesto que la persona ocupaba hasta el momento de la incapacidad. En la medida en que el grado que tiene Vicente no le impide el desempeño de otros trabajos, actualmente es técnico de prevención de riesgos laborales y de calidad medioambiental en una empresa privada. Precisamente aprovechó el tiempo de recuperación para finalizar el grado de Prevención y Seguridad Integral y para hacer un master. Los estudios y el baloncesto fueron su válvula de escape.

Casado y con una hija pequeña, cuando tuvo el accidente acababa de firmar una hipoteca y el mundo se le vino encima. "Lo pasé mal. Los primeros meses estuve muy tocado. Te destroza y además ves que no tienes apoyo. A mí me despidieron por carta notificada. Nadie me ha llamado para ver cómo estoy", se queja.

Con el objetivo de ayudar a otros agentes en la misma situación decidió fundar una asociación de la que es presidente. Comenzaron en el ámbito autonómico, donde engloban a 25 afectados, pero hoy también contactan con ellos compañeros de otras partes de España. "Hay otros policías locales a los que les pasa lo mismo y también ocurre en la Policía Nacional", señala la delegada del Cermi. Este organismo acaba de solicitar al Defensor del Pueblo que plantee un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Policía Nacional por los mismos motivos y en su informe de 2014 sobre derechos humanos y discapacidad en España que presentó ante la ONU, se denunciaba no sólo la situación de la Policía Local catalana sino también la de los Mossos d'Esquadra.

Vicente lleva años luchando, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo, y recibiendo muchos reveses pero se sigue mostrando animado y peleará hasta el final. La tetraplejia de su padre, igualmente por un accidente laboral, le ha llevado a estar siempre muy sensibilizado con el tema de la discapacidad: "Por eso estudié prevención". "La administración juega a cansarte. Ellos tienen tiempo, dinero, recursos… Pero tiempo al tiempo. Las verdades siempre terminan saliendo".

El cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad condal, con Barcelona en Común en el poder, le ha dado esperanzas en que la solución a su caso esté más cerca. Hace un par de semanas se reunió con el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, y se muestra relativamente optimista: "Me escuchó de forma activa y me pidió que le diera el plazo de un mes para estudiar qué podían hacer, qué posibilidades había. Les tengo que dar el beneficio de la duda".

El Consistorio aprobó la semana pasada la creación de una comisión de trabajo a raíz de un ruego de ERC que solicitaba que se tomasen las medidas necesarias para que los miembros de la Guardia Urbana con una discapacidad que no les permita cumplir con el servicio ordinario puedan ejercer su derecho a pasar a segunda actividad. La formación pedía que se velara por la integración profesional y se parara la "discriminación laboral de este colectivo". Fuentes municipales han asegurado a este diario que la situación de Vicente será uno de los temas que se aborde en dicha comisión, teniendo en cuenta, agregan, que, al tratarse de una incapacidad total, su caso ya no compete a la Guardia Urbana sino a Recursos Humanos. Desde Seguridad afirman que ambos departamentos están trabajando conjuntamente para ver la posibilidad de alcanzar una solución.

Vicente tiene trabajo pero su deseo es volver a la Guardia Urbana porque lo suyo es vocacional: "Entré con 21 años. Fue tan vocacional que estando de baja actué y lo volvería a hacer, aunque no fuese policía".