La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído este martes en la plaza Sant Jaume el manifiesto contra las querellas a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por su papel en la organización de la consulta del 9-N, que consideran "antidemocráticas".

La plaza donde se encuentran el Palau de la Generalitat y la sede del Ayuntamiento de Barcelona se ha llenado esta tarde en respuesta al llamamiento de la plataforma soberanista 'Ara és l'hora' con el objetivo de expresar la solidaridad con los imputados por la consulta del 9-N, tras declarar hoy como imputadas la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau.

Se acusa al Gobierno central de provocar una "anomalía democrática" al "judicializar" el 9-N

Horas después de que ambas hayan prestado declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y a la espera de que Mas haga lo mismo el próximo jueves, varios miles de personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume y han coreado consignas en favor de la independencia, del derecho a decidir, y también de la consulta del 9-N.

Ante representantes del Govern como Neus Munté y Francesc Homs, dirigentes de CDC, ERC, Unió, ICV, EUiA y la CUP, así como líderes sindicales como Joan Carles Gallego (CCOO) o Josep Maria Álvarez (UGT), que sostenían urnas como las utilizadas el 9N, Colau ha leído un manifiesto promovido por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir en el que se acusa al Gobierno central de provocar una "anomalía democrática" al "judicializar" el 9N.

En este manifiesto, que ha sido leído simultáneamente también en muchos otros municipios catalanes, se afirma que el derecho a decidir el futuro político e institucional de Cataluña "es inherente a la ciudadanía catalana en virtud del principio democrático y del derecho que tenemos como nación".
También se dice que "todos los intentos de ejercer este derecho no han sido posibles por la oposición del Gobierno del Estado que nunca ha propuesto ninguna alternativa".

El Gobierno, añade, "ha judicializado" dichos intentos "rehuyendo sus responsabilidades políticas en este ámbito, y generando una anomalía democrática en el funcionamiento de las instituciones, que priva a la ciudadanía de Cataluña del derecho democrático a decidir su futuro político".

Después de calificar como "antidemocráticas" las querellas contra Mas, Ortega, Rigau y otros encausados, los firmantes del manifiesto denuncian "la judicialización" de la política y se muestran "corresponsables con la convocatoria del 9-N hecha desde criterios democráticos y cívicos".

Entre los líderes políticos presentes figuraban Raül Romeva -cabeza de lista de Junts pel Sí-, Oriol Junqueras -presidente de ERC-, Josep Rull -coordinador general de CDC-, Joan Herrera -coordinador nacional de ICV-, Albert Botran -número 5 en la lista de la CUP-, Antoni Castellà (Demòcrates de Catalunya) y Ramon Espadaler (UDC).

También se podían ver en el escenario David Companyon (EUiA), Xavier Trias (CDC), Alfred Bosch (ERC), Jordi Sànchez (ANC) y el expresidente del Parlament Joan Rigol.

El apoyo a los imputados, un "ataque directo" según el TSJC

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tildado de "ataque directo a la independencia judicial" las manifestaciones convocadas frente a su sede en apoyo de la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau, que han declarado que no desobedecieron al Constitucional el 9-N.

Ortega y Rigau han comparecido ante el tribunal como imputadas a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por la consulta alternativa del 9-N, en que se las acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

Arropadas por miembros del gobierno catalán, ambas han sido recibidas a su llegada a la sede del tribunal por centenares de personas que enarbolaban banderas "estelades", clamaban "independencia" y entonaban el himno de 'Els Segadors', en unas concentraciones convocadas por las entidades soberanistas.

En sus declaraciones ante el TSJC, Ortega y Rigau se han negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y las acusaciones particulares en un "juicio político", según lo ha tildado la actual vicepresidenta catalana, Neus Munté, tras la reunión del Govern.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.