La vecina de Betancuria (Fuerteventura) Josefa Hernández, de 62 años, ha ingresado esta tarde en la prisión de Tahíche (Lanzarote) para cumplir una pena de seis meses por no derribar su casa, preocupada por la situación en la que quedan los tres nietos menores a los que cuidaba hasta ahora.

"Lo único que me preocupa es que dejo a tres niños un poco desamparados", ha manifestado Hernández a las puertas del penal, al que ha entrado pasadas las 15.35 horas (hora canaria), en compañía del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales (CC), y del alcalde de su pueblo, Betancuria, Marcelino Cerdeña (independiente).

La ya conocida como "abuela de Fuerteventura" ha defendido que su único pecado ha sido "dar un techo" a sus nietos. "Si este es el precio que tengo que pagar por ello, lo haré", ha añadido.

Hernández fue declarada culpable de un delito contra el medio ambiente por haber construido su casa en un paraje protegido, en el Parque Rural de Betancuria, y condenada a seis meses de cárcel, 700 euros de multa y el derribo de su vivienda, considerada ilegal.

Esta vecina pagó en su día la multa, pero no demolió la casa porque no tiene otro lugar al que irse a vivir con los cinco familiares que dependen de ella (un hijo parado, una hija discapacitada y tres nietos menores), lo que llevó a un Juzgado de Puerto del Rosario a exigirle que cumpliera la pena de prisión, que inicialmente había quedado en suspenso.

Su caso ha despertado una gran ola de solidaridad en Canarias, donde partidos políticos de todo signo le han expresado su apoyo (CC, PSOE, PP, Podemos, Nueva Canarias e IU, entre otros) y miles de personas han firmado en internet una petición de indulto.

Al entrar en la cárcel, Hernández ha dado las gracias a todos ellos y a los medios de comunicación por haber contribuido a que su caso se conozca. En especial, ha expresado su agradecimiento al presidente del Cabildo de Fuerteventura y al alcalde de Betancuria, por haber estado con ella esta semana "día y noche".

"No sé por qué me ha tocado a mí esto", ha añadido Josefa Hernández, que solo desea que el día que salga de prisión pueda tener otro techo donde proteger a sus nietos y tirar su casa en el paraje de Aguas Verdes, dando así cumplimiento a la sentencia.

Esta vecina de Betancuria ha sido recibida a la entrada de la cárcel por un grupo de personas que portaban una pancarta con el lema "Justicia para Josefa" y varios cargos públicos de Podemos, que este lunes han registrado en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley en apoyo a la solicitud de indulto.

La diputada autonómica de este partido María del Río ha calificado de "vergüenza" el ingreso en prisión de esta vecina y ha pedido a la Justicia que sea "igual de escrupulosa" con los responsables de la construcción de los hoteles declarados ilegales en Lanzarote, que siguen en explotación.

La Fiscalía se dirigió este mismo sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Josefa Hernández, encarcelada por no derribar su casa, mientras se tramitaba el indulto.

El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, ha revelado este lunes que el Ministerio Público ha pedido en dos ocasiones este verano que esta vecina de Fuerteventura, que sostiene a dos hijos y tres nietos, no ingresara en prisión: primero el pasado 6 de julio y después este mismo sábado.

En su dictamen de julio, la Fiscalía explicaba que no se oponía a que la condena de seis meses de prisión de Hernández siguiera suspendida, siempre y cuando hubiera por su parte "un compromiso inequívoco de demolición" de la vivienda que levantó ilegalmente en un espacio natural protegido, el Parque Rural de Betancuria.

El segundo informe recomendaba suspender su ingreso en la cárcel de Tahíche, que se ha producido este lunes, a la espera de que se resuelva la petición de indulto formulada por sus familiares.

La Fiscalía precisa en un comunicado que envió ese segundo informe el sábado por fax y que este lunes ha comprobado que su petición "tuvo entrada efectiva en el Juzgado", sin que su titular haya dictado hasta el momento "resolución alguna que tenga en cuenta" su dictamen.

Las construcciones que han llevado a prisión a Josefa Hernández (una de 20 metros cuadrados y otra de 70) fueron denunciadas en su día por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Agencia de Protección del Medio Ambiente del Gobierno canario, lo que derivó en una condena por un delito contra la ordenación del territorio declarada firme por la Audiencia de Las Palmas.

La Fiscalía reconoce en su último informe -el del sábado- que Hernández no ha derribado ninguna de esas dos obras y que, de hecho, la Guardia Civil ha comprobado que ha ejecutado "nuevas construcciones de ampliación de la vivienda", en una actitud que denota una "clara rebeldía".

Sin embargo, entiende que procedía suspender su ingreso en prisión hasta que se pronuncie sobre el indulto el Consejo de Ministros porque su condena es de corta duración (seis meses) y porque ha satisfecho la multa que también se le impuso (700 euros).

Además, alega en favor de esa medida que la entrada en prisión puede ocasionar a Josefa Hernández "perjuicios irreparables que harían perder al indulto su finalidad" y que esperar a que se resuelva esa solicitud "no ocasiona una lesión específica y grave a los derechos o libertades fundamentales de terceros".

También recuerda que tiene hijos y nietos a su cargo, que han transcurrido ocho años desde que cometió el delito (2007) y que a su favor hay una posición pública del Ayuntamiento de Betancuria y "cierto fervor popular acreditado en la recogida de firmas".

Sin embargo, el fiscal advierte a Josefa Hernández de que su negativa a derribar la vivienda "no favorecerá la decisión que en su caso haya de informar acerca de la concesión del indulto".

En los últimos días, Josefa Hernández ha explicado que no ha derribado su casa porque no tiene otro lugar donde vivir con su familia y que, si hizo obras de mejora en ella después de la sentencia, fue porque temía que los Servicios Sociales le quitaran a sus nietos por no tener la vivienda en condiciones.