La iniciativa de colectivos ciudadanos, como la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Tod@s, que denuncian públicamente "el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia" y en especial la de la Mezquita-Catedral de Córdoba, ha recibido este martes "un gran apoyo de los grupos políticos españoles con representación" en el Parlamento Europeo.

En concreto, según han informado la Plataforma Mezquita-Catedral, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, cuyos portavoces han acudido este martes a la Eurocámara, han recibido el apoyo explícito a su iniciativa conjunta, que "denuncia del privilegio eclesial que ha permitido a la jerarquía católica inmatricular miles de bienes en todo el país sin acreditar título de dominio público, gran parte del cual pertenece al patrimonio histórico y es de incalculable valor artístico y cultural".

En concreto, Marina Albiol (IU), Clara Aguilera (PSOE), Estefanía Torres (Podemos), Joan Sebastiá (Compromís) y Josep María Terricabras (ERC) han respaldado en persona la iniciativa conjunta de los cinco colectivos ciudadanos españoles, mientras que Javier Nart (Ciudadanos) y Ernest Urtasun (ICV) manifestaron su apoyo a la propuesta, pero no pudieron estar presentes en la reunión.

Durante el encuentro, la europarlamentaria socialista Clara Aguilera ha afirmado que "se trata de un ataque al patrimonio" y ha expresado el respaldo del Grupo Socialista y del PSOE, "especialmente de Andalucía", a las dos preguntas parlamentarias y ha pedido el "retorno y devolución a la ciudadanía" de los miles de bienes apropiados, al entender que "es una anomalía de nuestro país que debemos corregir", asegurando conocer de primera mano el problema de las inmatriculaciones, fundamentalmente por el emblemático caso de la Mezquita de Córdoba.

Por su parte, la europarlamentaria de IU Marina Albiol ha agradecido el trabajo de las plataformas ciudadanas y ha recordado que su formación sitúa la "defensa de la laicidad" como uno de sus principios básicos, a la vedz que ha "denunciado los privilegios de la Iglesia", anunciando que su grupo va a explorar todas las vías disponibles contra los mismos en la Eurocámara, a la vez que ha propuesto a los colectivos acudir a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE), "porque permite una interlocución directa con los colectivos ciudadanos".

Por otro lado, Estefanía Torres, de Podemos, ha manifestado que es un "deber y una responsabilidad" de las instituciones y los grupos políticos actuar en esta materia y que, para ello, hará "todo lo posible", a la vez que ha acusado al Gobierno del PP de "falta de transparencia, por negar la difusión del listado de inmuebles inscritos por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria que equiparaba al obispo con un fedatario público".

El europarlamentario de Compromís Equo, Jordi Sebastiá, ha afirmado que desde su formación se esfuerzan en hacer "pedagogía" en defensa de la laicidad y se ha puesto a "disposición" de la causa contra las inmatriculaciones, poniendo como ejemplo su lucha política en la defensa de la ermita de su pueblo, que finalmente pudo mantenerse bajo propiedad municipal, tras una larga batalla contra la Iglesia.

Finalmente, Josep María Terricabras (ERC) ha recordado con firmeza que la Iglesia debe someterse al "imperio de la Ley y no de los privilegios", siendo "éste un caso evidente de la defensa de lo público", según ha subrayado.

Las dos preguntas parlamentarias, planteadas por los colectivos ciudadanos y que llevarán a la práctica los europarlamentarios, se refieren a las inmatriculaciones y a la defensa de la Mezquita-Catedral de Córdoba como símbolo de interculturalidad, y se cursarán ante la Comisión Europea en los próximos días.

Por parte de los colectivos ciudadanos han participado en la reunión en Bruselas Carmen Urriza (Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro), Miguel Santiago (Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba), Raquel Ortiz (Europa Laica) y Evaristo Villar (Redes Cristianas), quien, como sacerdote y creyente, ha dicho lamentar que las inmatriculaciones vayan "en contra del Evangelio", porque representan "una apropiación de los bienes del pueblo", asegurando que "esto no es la Iglesia de Jesús".