Después de que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lamentase la ralentización de las obras de reurbanización de la calle Almirante Lobo como consecuencia de las catas arqueológicas dictadas por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura, la Sección de Arqueología del Colegio de doctores y licenciados en Filosofía y Letras ha defendido que el Ayuntamiento era consciente desde noviembre de 2013 de que dichas catas eran obligatorias y que no las ha planteado "hasta última hora".

Mientras el alcalde conecta estas catas arqueológicas con el "capricho" de la Junta de Andalucía, Jacobo Vázquez, presidente de la Sección de Arqueología del Ilustre Colegio de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de las Provincias de Sevilla y Huelva, ha manifestado su "indignación por la politización de la profesión de arqueólogo", una politización que a su juicio intenta "ocultar la negligencia y la mala gestión del Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia de Urbanismo y la empresa adjudicataria de la obra".

Jacobo Vázquez, en ese sentido, expone que en noviembre de 2013, la Comisión de Patrimonio, a la que asiste un representante de la Gerencia de Urbanismo, "acordó e informó que en el proyecto de Almirante Lobo se imponía una cautela patrimonial consistente en un control arqueológico de movimiento de tierras con realización de sondeos y que el mismo se realizaría durante el proceso de obras, tal y como es preceptivo y lógico para un enclave histórico como Sevilla".

La arqueología no es como encargar una pizza

Pero "ni la Gerencia de Urbanismo, ni la empresa adjudicataria, aún conociendo desde 2013 la obligación de tener que realizar y planificar un control de movimiento de tierras con sondeos arqueológicos, contactaron con un arqueólogo profesional para que se hiciera cargo de esa tarea, hasta el verano de 2014 y con la obra ya iniciada". "Contratar a un arqueólogo para llevar a cabo las medidas cautelares impuestas a una obra no es como llamar a una pizzería a domicilio, sino que se necesita un proyecto, que tramita la propia Gerencia de Urbanismo a la Delegación Territorial, y una autorización que otorga la Junta de Andalucía y esto tiene sus tiempos y la Gerencia de Urbanismo y la promotora debían haberlo tenido presente y no obviarlo hasta última hora".

"Quienes han planificado la obra en almirante Lobo no han sido capaces de gestionar los trámites que necesita una obra con cautela patrimonial y pretenden enmascarar sus propias negligencias y los incrementos presupuestarios que han provocado", considera Jacobo Vázquez. "Nos indigna que escondan sus fallos, pero más aún nos indignan que se asevere que los arqueólogos con sus catas son los que obligaban a parar las máquinas impidiendo el trabajo previsto por los obreros", concluye.