El Sindicato de Estudiantes (SE) ha calificado este miércoles de "masiva" e "histórica" la huelga de 48 horas convocada para este miércoles y jueves en las aulas de los institutos y universidades de toda España para defender la universidad pública y en rechazo a la nueva normativa que permite que los grados sean de tres años.

Así lo ha asegurado la secretaria general de este sindicato, Ana García, a la puerta del Ministerio de Educación donde ha insistido en pedir al dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y de la secretaría de Estado de Universidades, Monserrat Gomendio, a los que ha calificado de "fanáticos de la privatización".

Según García, las aulas han quedado "vacías" en las principales facultades de España y ha asegurado que los alumnos de los campus de Madrid, Valencia y Barcelona, entre otros, han secundado mayoritariamente la huelga. Ana García ha especificado que el seguimiento ha oscilado entre el 75 y el 90%, dependiendo de las comunidades.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha señalado por su parte que el seguimiento de la huelga convocada contra el decreto de reforma universitaria está siendo "minoritaria".

Desde el Ministerio, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha asegurado que el apoyo a la huelga ha sido "minoritario" y ha explicado que se debía, entre otras razones, a que las que sustentan la convocatoria "están alejadas de la realidad". Ha resaltado que las políticas educativas del Ministerio, tanto en el ámbito universitario como no universitario, van encaminadas a la mejora de la calidad del sistema, rechazando así los motivos esgrimidos por el SE respecto a que perjudican a la escuela pública.

Además, para este jueves 26 se celebrarán más de 40 manifestaciones por todo el Estado. En el caso de Madrid, recorrerá a partir de las 12.00 horas el tramo comprendido entre Atocha y la Puerta del Sol.

La huelga cuenta con el apoyo de los sindicatos CC.OO., STEs-i y de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), así como de numerosos colectivos afectados por los recortes, como los trabajadores de Coca-Cola o los afectados por la Hepatitis C, entre otros.

Asimismo, con el objetivo de ofrecer "un último llamamiento" a los paros, este lunes se han celebrado varias ruedas de prensa en Oviedo, A Coruña y Valencia aunque, como ha asegurado García, "sobran argumentos porque lo que quiere el Gobierno es acabar con la universidad pública" ante lo que hay que dar "una respuesta contundente".

En este sentido, ha cuestionado las declaraciones de la secretaria de Estado de Educación, Monterrat Compendio, quién abogó por "abrir un debate" sobre el sistema de financiación de las universidades, porque, a su juicio, el actual "no es sostenible". "Continuamente se habla de educación gratuita, el problema es que la educación no es gratuita, y entonces la pregunta es quién lo paga, cuándo y cómo y eso es lo que tenemos que decidir", afirmó Gomedio.

"No quieren llamar por su nombre lo que quieren hacer: privatizar la universidad", ha asegurado García, que ha alertado sobre la posibilidad de que "las familias tengan que hipotecarse para que los hijos puedan estudiar". "Por eso vamos a responder el 25 y el 26 y vamos a vaciar las aulas", ha apostillado.

"La gota que ha colmado el vaso" en el sector educativo, según García, ha sido la flexibilización de grados universitarios, que permitirá a las universidades crear grados de tres años y master de dos años. Tanto los sindicatos como la organización estudiantil consideran la aprobación de la medida como una "agresión" al sistema universitario y creen que la consecuencia de su aplicación será el encarecimiento de los estudios y, por ende, la limitación de acceso y permanencia en la universidad para los estudiantes de familias con menos recursos.

Además, critican que la reforma se ha aprobado sin ser sometida a debate con los representantes de la comunidad universitaria y que, por otra parte, se ha efectuado sin evaluar antes el sistema de grados de cuatro años que se ha venido implantando en España desde la entrada en vigor del Plan Bolonia en España, en 2010.

Por su parte, CC.OO. ha augurado que el decreto dará lugar a una "reconversión de la universidad pública española" y "abrirá la puerta a nuevos recortes que supondrán más despidos y peores condiciones laborales para los trabajadores de la universidad", como consecuencia de la reducción de ingresos de las universidades por matrículas, derivada de la menor duración de los grados.

Este sindicato ha pedido a los profesores que "apoyen" la protesta estudiantil y "faciliten el ejercicio del derecho a huelga" de sus alumnos para esta convocatoria. Además, ha pedido la participación de los docentes en las protestas que CC.OO. tiene previsto convocar en el mes de marzo por la misma razón.

Desde la aprobación del Decreto, el pasado 30 de enero, el SE ha recabado más de 120.000 apoyos en la plataforma Change.org para pedir al ministerio que "retire inmediatamente" la norma, bajo la acusación de que el nuevo sistema "impondrá dos años de master" a los estudiantes universitarios "a precio desorbitado".

"El Partido Popular no quiere que la educación sea un derecho y todas las contrarreformas y decretos que están aprobando van en la línea de convertirla en un negocio para que unos pocos se hagan multimillonarios", acusa la organización estudiantil.