El Pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de Ley conjunta del PP y del PSOE de medidas de lucha contra el terrorismo yihadista, a la que previsiblemente se opondrán UPyD, PNV y la Izquierda Plural, que denuncian el carácter bipartidista de la propuesta.

La proposición de ley, fruto del pacto de Estado firmado el pasado día 2 entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, redefine el delito de terrorismo y recoge las nuevas amenazas en este campo. En este sentido, tanto el Gobierno como el PSOE confían en que más partidos —UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias ya han firmado el pacto— se sumen a la proposición de Ley, si bien las posiciones con el resto de formaciones del arco parlamentario se encuentran, en general, alejadas.

Tan solo CiU ha mostrado su disposición a sumarse al acuerdo y aunque todavía no ha decidido cuál será su voto, su portavoz adjunto, Jordi Jané, ha recordado que su grupo "nunca está en contra", ante una amenaza terrorista, "de que se reformen las leyes para fortalecer la defensa de los estados democráticos ante esas nuevas formas de terrorismo".

En cuanto al resto de formaciones, la mayoría ya han manifestado que no se sumarán al pacto antiyihadista, al denunciar que ni el PP ni el PSOE han tenido interés en compartir la proposición de ley sobre el terrorismo yihadista con nadie. Es el caso de UPyD, que considera que el pacto firmado entre PP y PSOE genera inseguridad jurídica, de ahí que no tenga intención de adherirse "ni a esta ni a ninguna otra" proposición de Ley.

También el PNV votará en contra de su toma en consideración —al igual que los diputados de Amaiur—, por su vinculación con la prisión permanente revisable y con otros elementos jurídicos que cuestionan los nacionalistas vascos.

Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ya ha avanzado que su grupo no se sumará en ningún caso a un acuerdo que "bendiga la cadena perpetua" ni a un "acuerdo de adhesión", y menos aún si la iniciativa "es abiertamente inconstitucional".

El acuerdo prevé que a los terroristas que causen muertes se aplicará la "máxima pena privativa de libertad" prevista en el Código Penal, que con la futura regulación que aprobarán próximamente los populares será la prisión permanente revisable.

No obstante, el texto incluye una cláusula en la que ambas partes se comprometen a mantener el pacto aunque en un futuro cambie el sistema de penas, es decir, en caso de que el PSOE vuelve a gobernar y derogue como ha anunciado la prisión permanente.

En líneas generales, el documento hace hincapié en combatir los nuevos instrumentos de captación y adiestramiento en el odio que caracteriza el "fanatismo totalitario" que difunden "líderes carismáticos" por Internet, especialmente las redes sociales.

También da cabida al fenómeno de los combatientes extranjeros que se desplazan a zonas de conflicto para enrolarse en organizaciones terroristas, así como a los denominados "lobos solitarios": terroristas que no están vinculados a ningún grupo y que actúan individualmente, según su propio modus operandi.