La polémica puesta en libertad por orden de la Audiencia Nacional de dos etarras, uno de ellos el histórico dirigente Santiago Arrospide, Santi Potros, es una decisión que no entiende el Gobierno, a favor de que la Fiscalía recurra estas excarcelaciones "humillantes" para las víctimas.

Un día después de que la sección primera de la Audiencia Nacional acordara la excarcelación de Santi Potros y el también etarra Alberto Plazaola de acuerdo con una normativa de la UE por la que se tiene en cuenta el tiempo que los reclusos han pasado en prisiones de Francia, el Ejecutivo ha sido claro: "Los ciudadanos no lo entienden y claramente nosotros tampoco".

Lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros en la que ha lamentado la "desazón" del propio Ejecutivo y, sobre todo, la de los ciudadanos al ver criterios judiciales "tan dispares y tan incomprensibles".

Y es que la decisión de excarcelar a estos dos etarras la ha tomado en solitario la sección primera de la Audiencia en contra el criterio de Fiscalía y de sus compañeros de la sección segunda.

Los magistrados están divididos sobre la interpretación de la normativa de la UE de 2008, incluida en la legislación nacional por una ley aprobada en noviembre en el Congreso de los Diputados.

Sáenz de Santamaría ha defendido que esa ley que salió de las Cortes dice "muy claro qué se puede y qué no se puede hacer". Las decisiones marco de la Unión no son aplicables directamente mientras no exista una trasposición de esa normativa, ha añadido.

Por todo, el Gobierno, en palabras de su vicepresidenta, se ha mostrado "absolutamente de acuerdo con la Fiscalía de recurrir las decisiones ante el Tribunal Supremo".

Un recurso que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya ha anunciado se presentará ante la sala segunda del Tribunal Supremo para "que resuelva la discrepancia".

Mientras, el alto tribunal ya ha fijado para el día 16 una reunión del pleno de su sala penal para decidir cómo debe interpretarse la normativa europea.

Aunque la cita no está fijada para debatir sobre el caso Santi Potros sino sobre un recurso anterior presentado por otro etarra, Kepa Pikabea Ugalde, es claro que la decisión creará una jurisprudencia que se aplicará a diversos reclusos de la banda.

Por ejemplo, podría afectar a los etarras Francisco Mújica Garmendia, alias Pakito, y Rafael Caride, Simón, sobre los que la sección primera de la Audiencia tiene previsto revisar su tiempo en prisión tras haber estado recluidos en cárceles francesas.

Mientras, las reacciones de repulsa a la salida de prisión de los dos etarras continúan. La Fundación Víctimas del Terrorismo y las principales asociaciones han manifestado su "absoluto rechazo" a las excarcelaciones, una "injusta decisión" que supone "una inmensa humillación".

Para las organizaciones, la finalidad de la resolución "no parece ser otra que la de impedir que los presos terroristas cumplan íntegramente las penas impuestas por los tribunales españoles, objetivo que supone una inmensa humillación para todas y cada una de las víctimas del terrorismo".

"Las víctimas no podemos más que expresar nuestra repulsa por la falta de sensibilidad hacia nuestro sufrimiento", señalan las asociaciones, que demandan al Tribunal Supremo que atienda el recurso del fiscal y que adopte "urgentemente" las medidas necesarias para impedir que salgan de prisión más terroristas.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, "no comparte" la decisión de la sección primera de la Audiencia Nacional de excarcelar al histórico dirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, y al miembro de la banda Alberto Plazaola Anduaga, de acuerdo a una normativa europea.

Becerril ha mostrado su confianza en el recurso presentado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo contra la excarcelación de estos dos terroristas que han cometido "actos de la máxima crueldad posible".

El saber que los autores de los atentados están en la calle hace "revivir el dolor" a las víctimas del terrorismo, que "ya han sufrido mucho", ha señalado la Defensora del Pueblo, quien ha indicado que no hay que olvidar que "estos terroristas han querido acabar con la democracia y han atentado contra toda la sociedad".

Ha precisado que la normativa europea que ha aplicado la sección primera de la Audiencia Nacional no es una sentencia como la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que revocó la llamada doctrina Parot.

Becerril ha explicado que se trata de una decisión marco, que está en vigor desde el año 2008 y que ningún tribunal ha llevado a efecto.

Ha indicado que precisamente ayer se aprobaba una ley para dejar claro que España no iba a cumplir esa normativa europea, porque "no hay obligación", por tratarse de "un marco de referencia".