La Fiscalía Anticorrupción en Málaga se ha opuesto al recurso de súplica presentado por la defensa de Isabel Pantoja contra la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de rechazar la suspensión de la condena de dos años de cárcel impuesta a la cantante por un delito de blanqueo.

Anticorrupción se opone también a que se le conceda un mes de plazo para el ingreso en prisión, como habían solicitado los letrados de la tonadillera, para arreglar sus asuntos personales y profesionales, según han asegurado fuentes judiciales.

En este sentido, la Fiscalía cree que ha transcurrido "con creces" el plazo dado inicialmente a la cantante para ingresar en prisión para cumplir la pena de dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales.

La fiscal señala en su escrito, presentado este lunes ante la Sala, que mantiene los mismos argumentos ya esgrimidos la primera vez contra la suspensión de la pena. La Fiscalía Anticorrupción argumentó el pasado día 3 que la cantante aprovechó su relación sentimental con el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado por esta causa también, "favoreciendo la ocultación y opacidad de sus actos".

Además dijo que realizó distintos actos de blanqueo "respondiendo a un propósito bien definido y firme con desprecio absoluto, como mínimo, a sus vecinos de Marbella, al cooperar y beneficiarse de las arcas públicas del Ayuntamiento saqueadas, entre otros, por su pareja". El auto añadía que "ni en el juicio ni después da la más mínima muestra de reconocimiento de error o arrepentimiento".

En su momento, la Audiencia de Málaga consideró que no había lugar a conceder a Isabel Pantoja el beneficio de suspender su ingreso en prisión, a pesar de que cumple las condiciones que señala el Código Penal para ello, al tener en cuenta otras circunstancias, como la gravedad del delito y de la conducta de la cantante que "resulta incuestionable".

La Sala recordó que en la sentencia resultó probado que ella y Muñoz "ejecutaron un plan preconcebido para aflorar dinero y ganancias, respecto de las que ambos pretendían disfrutar en beneficio propio, procedentes de las actividades delictivas del exalcalde" y aludió a que la corrupción política es "uno de los ataques más demoledores" contra la sociedad democrática.

Asimismo, se indicó que la pretensión de la Sala en este caso, "y en cualquier otro", es que la pena de prisión "cumpla su función de servir de freno a posibles conductas futuras de análoga naturaleza por parte de otras personas que interiorizarán así su deber ciudadano de adecuar su conducta a las normas jurídicas", teniendo por tanto un carácter "ejemplar —que no ejemplarizante—".

Esta función, añadía el Tribunal hace unas semanas, sólo se podrá lograr "mediante el cumplimiento efectivo en centro penitenciario de las penas impuestas a quienes, de una manera u otra, han contribuido con su actuación al logro efectivo del propósito delictivo ideado", huyendo, así, "de pronunciamientos meramente formales, equivalentes en la práctica a una cuasi impunidad material —de banqueros, políticos, personas poderosas o de relevancia pública—".