El Ejecutivo andaluz entregará a la jueza Mercedes Alaya las actas de las reuniones que los viceconsejeros celebran antes del Consejo de Gobierno, los denominados consejillos, tal y como esta ha solicitado en el marco de la instrucción del caso de los ERE.

Además, publicará "de manera inmediata" en su web, según fuentes oficiales de la Junta de Andalucía.

La jueza sevillana había reclamado al Consejo de Gobierno todas las actas de los consejillos celebrados entre 2001 y el 18 de octubre de 2012.

La decisión de publicarlas ests documentos es un hecho "inédito e histórico", que responde a la Ley andaluza de Transparencia, ya que "no hay nada que ocultar", dicen las mismas fuentes. Para ello, la Comisión de Viceconsejeros ha acordado levantar el carácter reservado del contenido de estos documentos.

La Administración autonómica, además, ha recurrido el auto en el que Alaya pedía las actas. Lo hace al entender que la competencia en esta materia no correspondería a una jueza de instrucción, sino al Tribunal Constitucional (TC). Y también porque Alaya pone en tela de juicio la capacidad de la Junta de regular ayudas sociolaborales, cuando el Estatuto de Autonomía le reconoce esa competencia.

La Administración regional solicita también la nulidad de la causa de los cursos de formación, también en manos de Alaya. Lo que solicita es que deje de instruirla, basándose en que el funcionario Teodoro Montes, que denunció "graves" irregularidades en el reparto de fondos, habría asegurado que el juzgado de Alaya le indicó que declarara ante la Guardia Civil y luego abrió la causa.

Para la Junta, se podría haber vulnerado el derecho al juez natural. Es decir, que la causa no fue a reparto, lo que podría haber provocado que hubiese recaído en otro magistrado.

Mientras tanto, la jueza sevillana ha pedido a la Junta documentación sobre la disolución de consorcios escuela y el organigrama de la Faffe y confirma el embargo al exconsejero Martín Soler en el caso de los ERE.