La presión vecinal para conseguir que la finca Torre Arias (en San Blas) sea totalmente pública comienza a dar frutos. Los residentes del barrio, junto con la oposición municipal y sindicatos, llevan meses presionando mediante manifestaciones, con escritos al Ayuntamiento y participaciones en los plenos municipales. El día 22 de octubre dieron un paso más, al presentar un recurso contencioso administrativo en el que piden al juez que paralice el plan del Consistorio para ceder parte de la finca a manos privadas.

Estas acciones ya han tenido su respuesta: la Universidad de Navarra (perteneciente al Opus Dei), que se había interesado por instalarse en los terrenos, ha descartado esta posibilidad y busca "opciones más económicas y con una tramitación administrativa más sencilla", según fuentes de la institución educativa.

El Ayuntamiento aprobó en julio un plan que incluye la apertura al público de los jardines, aunque estipula la cesión a manos privadas de los edificios históricos que integran la finca. El plan prevé para ellos su uso como "equipamiento educativo", lo que dejaba la puerta abierta a la cesión a la Universidad de Navarra, que estaba en negociaciones con el equipo de Ana Botella para abrir allí uno de sus campus.

Pero ahora la Universidad se desmarca de sus intenciones iniciales: "Se ha desestimado la opción del edificio situado dentro de la Quinta Torre Arias. El edificio perteneciente a la Quinta era un lugar atractivo, sobre todo por el entorno del parque, pero pensamos que en este momento se pueden encontrar en Madrid otras opciones más económicas, que tengan una tramitación administrativa más sencilla y que nos permitan disponer de espacios más amplios", ha explicado Igor Errasti, administrador general de la Universidad de Navarra.

Pese a esta victoria, los vecinos siguen adelante con su rechazo al proyecto municipal: "Es una batalla ganada, pero aún seguiremos protestando contra el plan de Botella. Que no se les ceda a los del Opus no quiere decir que no se lo vayan a dar a cualquier otro que venga después", apunta Andrés Cabrera, portavoz de la Plataforma en Defensa de Torre Arias, que se ha manifestado este domingo junto a la finca.

"Es un plan de desprotección y expolio de lo público. Este plan constituye un atentado contra el patrimonio de todos los madrileños, ya que pone las bases para la cesión de una propiedad pública a una entidad privada con ánimo de lucro y permite la destrucción de edificaciones de alto valor histórico-artístico", explica la plataforma vecinal en el recurso presentado ante la Justicia. Los residentes del barrio quieren que allí se habilite un instituto público.

En cambio, el Ayuntamiento defiende que el planeamiento contribuirá a conservar las edificaciones: "Se otorga el máximo nivel de protección al palacio, caballerizas y casa del guarda, y se protegen con distintos niveles otras construcciones,  elementos y árboles singulares". De hecho, el planeamiento obliga a la entidad que reciba la gestión de las instalaciones a rehabilitar los edificios. Además, el Consistorio considera que queda garantizado "el disfrute de la finca por todos los madrileños", por la apertura de la zona verde.

Efectivamente, el Ayuntamiento ha abierto los jardines de la finca Torre Arias a los madrileños. Pero la apertura tiene limitaciones: para entrar es necesario pedir cita con antelación, las visitas son guiadas, están limitadas a grupos de 25 personas como máximo y solo se realizan los jueves y domingos. Estas restricciones, junto al interés de los madrileños por visitar las instalaciones, han provocado que haya lista de espera para caminar por sus jardines, tal y como denunció el grupo municipal de IU.

La finca es uno de los principales pulmones verdes de la capital, que hasta hace unos meses estaba oculto a las miradas de los madrileños. Este vergel de 18 hectáreas en plena calle de Alcalá fue heredado por el Ayuntamiento de Madrid tras la muerte de su propietaria (la condesa de Torre Arias), a principios de 2013. La noble dejó escrito en su testamento su voluntad de ceder la quinta a los madrileños, pero puso una condición: tras su fallecimiento, la propiedad debería abrirse al público como parque urbano.