El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar al Consejo de Estado el informe previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la consulta a los ciudadanos convocada por el Gobierno canario sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de este acuerdo, con el que se inicia el trámite para recurrir el decreto por el que se desarrolla la ley canaria que permite convocar la consulta, así como la propia convocatoria a las urnas, fijada para el 23 de noviembre. El Gobierno ha solicitado el dictámen del Consejo de Estado con carácter de urgencia, con fecha límite del 24 de octubre. Es el Ejecutivo el que, en su petición de informe al Consejo de Estado, dicta el plazo en el que debe pronunciarse esta institución. En el caso del decreto de convocatoria de la consulta soberanista catalana, fue de 48 horas.

El dictamen no es vinculante pero sí preceptivo antes de que el Consejo de Ministros autorice al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a interponer el recurso ante el Constitucional. La impugnación por el Gobierno central de un decreto o una ley aprobada por una comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional puede acarrear, si el Ejecutivo así lo solicita, su inmediata suspensión por un plazo de cinco meses.

El Boletín Oficial de Canarias publicó el 3 de octubre el decreto de convocatoria de la consulta sobre las prospecciones petrolíferas para el 23 de noviembre con la siguiente pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?". Una formulación que, a juicio del Ejecutivo canario, es "intachable" y legal, por lo que confía en que, antes o después, los canarios puedan pronunciarse sobre los sondeos.

La ley en la que se apoya el Ejecutivo canario para convocar la consulta, la Ley de Fomento de la Participación Ciudadana, data de 2010, pero su desarrollo ha sido aprobado este verano mediante el decreto que ahora va a impugnar el Ejecutivo.

Fernando Ríos, Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno de Canarias, ha manifestado que el acuerdo del Consejo de Ministros denota el talante "muy poco" dialogante del PP. Fernando Ríos criticó que el Consejo de Ministros haya decidido recurrir la consulta y el decreto de desarrollo de la Ley de participación ciudadana de Canarias, en su opinión, es poco congruente con la demanda ciudadana de querer participar.

La convocatoria sigue vigente mientras los tribunales no digan que se suspende, en cuyo caso el Gobierno canario estudiaría otras alternativas para seguir adelante, afirmó Fernando Ríos.

El Gobierno canario utilizará todos los instrumentos del ordenamiento jurídico para que los ciudadanos se pronuncien acerca de las prospecciones y además ha pedido a los servicios jurídicos que recurran la autorización de los sondeos y que pidan de forma inmediata y cautelar su suspensión, agregó.

El comisionado acusó al Gobierno de España de querer "tapar la boca a los canarios", pero aseguró que "los ciudadanos de todas las islas defenderán el derecho a opinar sobre su propio futuro". Para Ríos, que difundió un comunicado para responder al recurso, el Gobierno de España "revela un talante profundamente antidemocrático", ya que no cuestiona aspectos concretos de la pregunta, "sino que se recurre la misma convocatoria de consulta".

"El Partido Popular tomó la decisión política de recurrir porque no quiere que se realice la consulta, a partir de ahí, busca excusas jurídicas para enmascarar esa decisión política", consideró el comisionado del Gobierno de Canarias. Defendió que la consulta "no es un referéndum encubierto, porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas".

Tampoco es inconstitucional la pregunta porque no pide opinión sobre las prospecciones, sino sobre el modelo medioambiental y turístico autonómico, argumentó. El representante del Gobierno se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional confirmará la legalidad de la consulta "y levantará la suspensión automática derivada de la impugnación estatal", ya que "los argumentos del Gobierno del PP carecen de base jurídica".