Una comisión de observación de derechos humanos ha denunciado en un informe la constatación en la valla fronteriza de Melilla de las denominadas devoluciones "en caliente" de inmigrantes, que ha cifrado en 230 desde marzo a julio. La comisión, integrada por la Campaña estatal por el cierre de los CIE, la Coordinadora estatal para la prevención de la tortura y el observatorio del sistema penal y los derechos humanos de la Universidad de Barcelona, ha sido presentado en la sede del Colegio de Abogados de Madrid.

El informe ha sido redactado tras una visita a Melilla realizada en julio, ha sido ya presentado en un encuentro de parlamentarios europeos en Bruselas y en diciembre se llevará al Consejo de Derechos de Humanos de Naciones Unidas. Además de las devoluciones "en caliente", la comisión denuncia la violencia de las fuerzas de seguridad marroquíes con los inmigrantes en los campamentos del monte Gurugú y en las proximidades de Melilla.

También reprocha a las fuerzas de seguridad españolas la utilización de gases "directamente sobre las vías respiratorias" de los inmigrantes y agresiones con las defensas. "Hay indicios fundados, por observación directa, de que la Guardia Civil no cuenta con los mecanismos de control interno necesarios para prevenir posibles abusos, así como para evitar la existencia de comportamientos racistas o xenófobos", añade el informe.

Respecto a la Policía Nacional, el informe atribuye a las antidisturbios el "empleo de la fuerza" contra las porteadoras -mujeres marroquíes que portan mercancías por la frontera- y la "clara actitud amenazante y agresiva" de los agentes. Sobre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, la comisión recuerda que tiene una capacidad para 480 personas, pero en julio, cuando se realizó la visita, había en torno a 1.600, de las cuales 435 eran menores. La insuficiencia de traductores y psicólogos o la improvisación de medios de alojamiento "peligrosos y precarios" son otras deficiencias del CETI denunciadas.

También denuncian que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad autónoma adolece de graves deficiencias estructurales que nada tienen que ver con la sobreocupación y exige más medios para remediarlo.

"La superpoblación existente en el CETI —tenía 1.600 residentes en julio para sus 480 plazas— no solo no excusa las graves deficiencias encontradas sino que es responsabilidad directa del Gobierno el mantenimiento de la ocupación óptima y la observación por el respeto de los derechos que puedan verse vulnerados como consecuencia de esa saturación", concreta el informe.