Pablo y Alfonso Ruiz-Mateos, hijos del empresario gaditano José María Ruiz Mateos, deberán ingresar en prisión para cumplir una pena de seis meses de cárcel, tras haber decidido la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid que no procede concederles la suspensión de la pena privativa de libertad que solicitaron.

Ambos fueron condenados a una pena de seis meses de prisión y una multa de 700.281,75 euros como autores de un delito de defraudación contra la Hacienda Pública por el ejercicio fiscal de 1996, basándose en la declaración del impuesto de sociedades de la entidad Virnax, de la que ambos eran los únicos administradores solidarios.

Según la sentencia, en esa declaración se ocultaron ingresos al aparentar cumplir con su obligación tributaria, lo que determinó que dejaran de ingresar en la hacienda pública 233.034.775 pesetas (1.200.563,50 euros), que es la cuota devengada y por ende defraudada.

Una vez denegada la petición de los dos hermanos, se prevé que el plazo de dos a cuatro semanas ingresen en prisión tras elegir el centro penitenciario donde quieren cumplir esta pena, según fuentes jurídicas.

Por otra parte, este miércoles ha comenzado otro juicio contra cinco hijos de José María Ruiz Mateos, entre los que se encuentran Pablo y Alfonso; Zoilo, Álvaro y Javier Ruiz-Mateos. Se les atribuye un delito de insolvencia punible en la quiebra de Finamerco por el que la Fiscalía solicita seis años de prisión.

Hay otras seis personas imputadas. Según el escrito de calificación provisional elaborado por el Ministerio Público, los acusados "actuando de común acuerdo y guiados por el ánimo de enriquecerse ilícitamente realizaron operaciones mercantiles entre el 30 de julio de 1997 y el 31 de marzo de 2000 que tenían por objeto la declaración de la quiebra de la entidad Finamerco".

Finamerco era la sociedad que había comprado Bodegas Garvey a la firma Graspesherry, por un importe de 650 millones de pesetas (3.906.578 euros), de los que en el acto de compra se pagaron 50 millones (300.506 euros), dejando a deber el resto, 600 millones de pesetas (3.606.072 euros).

Según el escrito de calificación provisional, la imputación de insolvencia punible se establece por la concatenación de la ejecución por parte de los acusados de operaciones fraudulentas, consistentes en la despatrimonialización de la sociedad compradora, a fin de no hacer frente a las obligaciones mercantiles contraídas por contrato.