El juez del caso Nóos, José Castro, ha dado traslado a la Audiencia de Palma de los recursos de apelación presentados a la imputación de la infanta Cristina para que sea juzgada por fraude fiscal y blanqueo de capitales, como propone el instructor.

Los recursos de apelación que imputados y acusaciones han presentado al auto con el que cerró la investigación del caso Nóos el pasado 25 de junio han sido puestos a disposición del tribunal provincial.

En ese auto, el magistrado aboga por que se juzgue a la hermana del rey, su marido, Iñaki Urdangarin, y a otras catorce personas implicadas en una supuesta trama corrupta que presuntamente se apropió ilegalmente de fondos públicos.

Castro ha llegado poco antes de las 11.00 horas a los juzgados de Palma para dictar la providencia en la que ordena el traslado de los recursos y, preguntado por los periodistas sobre si confía en que la Audiencia respalde sus imputaciones ha afirmado: "No soy adivino".

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma ha asegurado que el de este martes es "un trámite más" dentro de un proceso que ha sido largo "para todos" y que afronta ahora su fase final antes del juicio que dilucidará las responsabilidades penales.

Un funcionario del juzgado de instrucción 3 de la capital balear ha trasladado físicamente a mediodía el conjunto de la causa, pieza 25 del macrosumario del caso Palma Arena, recogido en una memoria digital.

Apenas 24 horas después de que el juez hiciera público su auto de pase a procedimiento abreviado, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach presentó un recurso en el que rebatía la imputación de la infanta Cristina, a la que Castro atribuye blanqueo de capitales y dos delitos fiscales.

Mientras que el instructor de la causa aprecia "sobrados indicios" de que la infanta se lucró con fondos procedentes de las actividades irregulares del Instituto Nóos y colaboró de forma "silenciosa" en las prácticas corruptas de su marido, Horrach entiende que Castro actúa a partir de "meras conjeturas" influido por los medios de comunicación.

La fuerza jurídica de los argumentos de uno y otro, que tras años de fructífera colaboración contra la corrupción han protagonizado un agrio enfrentamiento a causa de la imputación de la infanta, será evaluada por la sección segunda de la Audiencia de Palma.

En manos de los tres magistrados de este tribunal, los mismos que señalaron a Castro el camino de la investigación sobre la posible participación de la infanta en fraude fiscal y blanqueo tras rechazar imputarla por otros delitos, quedará el futuro judicial de doña Cristina.

Contra la imputación recurrió también la defensa de la hermana del rey, que argumentó que de la investigación no se habían derivado indicios suficientes para llevar a su cliente a juicio.

En los días siguientes a que Castro resumiera las pruebas acumuladas durante la instrucción y señalara a los 16 presuntos responsables también presentaron recursos, ya fuera de reforma ante el propio juez o de apelación dirigido a la Audiencia, Urdangarin; su socio en Nóos, Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, y el expresidente del Govern balear Jaume Matas, entre otros imputados.

Igualmente recurrieron, en su caso para reclamar más imputaciones, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, personado como acusación particular.

En medio de estos trámites, el 3 de julio el fiscal Horrach informó al juez instructor de que el contable del instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, le había confesado que Urdangarin y Torres urdieron una trama corrupta para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares y la Comunidad Valencia.

Castro decidió entonces citar al arrepentido para el 12 de julio, pero su defensa aseguró que no tenía intención de declarar y el magistrado suspendió la comparecencia.

El juez, que optó por no tomar en consideración la confesión de Tejeiro, rechazó el 17 de julio los recursos de reforma y el día 30 dio cuenta de todos los recursos de apelación a las partes, que tienen hasta el próximo lunes (tras el paréntesis de agosto) para alegar lo que consideren antes de trasladarlos a la Audiencia para que confirme o corrija las imputaciones que propone el instructor.

Una vez resuelva la Audiencia, las partes acusadoras tendrán que presentar sus escritos de acusación para proponer qué personas quieren que sean encausadas, por qué delitos y qué penas solicitan para ellas. A partir de estos escritos, el juez instructor dictará el auto de apertura de juicio oral.