La juez Alaya impone una fianza de 8,7 millones de euros a los hermanos Ruiz Mateos

  • Por los cinco expedientes de su grupo empresarial en Andalucía.
  • La fianza se impone de manera solidaria entre los cinco hermanos.
  • También ha dado por terminadas todas las diligencias contra los aforados en el caso de los ERE.
La jueza Mercedes Alaya ha sido apartada del 'caso de los ERE' por el TSJA.
La jueza Mercedes Alaya ha sido apartada del 'caso de los ERE' por el TSJA.
EFE

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto este viernes una fianza de 8.783.898 euros a los seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos por los cinco expedientes de su grupo empresarial en Andalucía.

La juez, en un auto al que ha tenido acceso, recoge que la familia Ruiz Mateos pagó 600.000 euros al "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas por cada uno de los expedientes en los que medió y que le pagaron en dinero B, en entregas quincenales de 20.000 o 25.000 euros y en billetes de 500.

La fianza civil se impone de manera solidaria entre Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz Mateos Rivero.

De cada una de las ayudas responderán de manera subsidiaria las empresas Zoilo Ruiz Mateos, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Hotel Cervantes.

Dice la juez que desde que en el año 2003 compraron el Hotel Cervantes, los imputados junto con su padre "se plantearon la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales, para lo cual pretendían, con evidente ánimo de lucro, la financiación de la Junta de Andalucía".

La Junta pagó, con cargo al programa 31 L, 1.100.000 euros a la empresa Zoilo Ruiz Mateos, 10.594.159 a Dhul, 3.807.300 euros a Complejo Bodeguero Bellavista y 6.485.785 al Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).

Respecto a este último centro de trabajo, los hermanos Pablo, Álvaro, Francisco Javier, Zoilo, José María y Alfonso "conocerían y serían partícipes de la inclusión como beneficiarios en las pólizas de dos personas ajenas al hotel, que fueron contratadas pocos meses antes de solicitar el ERE" y que eran antiguos trabajadores de otras sociedades del grupo Rumasa.

Ayudas de siete millones de euros

En cuanto a Dhul, el ERE fue aprobado en mayo de 2002 por el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya imputado, y el consiguiente convenio de colaboración preveía unas ayudas de 7.605.282 euros, "sin que en dicho expediente se hubiera presentado solicitud formal de ayuda sociolaboral", dice Alaya.

La cuantía de dicho expediente fue ampliada "sin justificación alguna, a instancias de Dhul y a costa de la Junta de Andalucía, en 2.399.785 euros", añade.

Esta cantidad, que supuestamente respondía a un coste adicional de las prejubilaciones, se destinó en realidad a la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo este que presuntamente "conocía la administración", según el auto.

La juez acusa además a Dhul de haber pagado "a modo de dádiva o recompensa" a Guerrero 6.960 euros que se ingresaron en una empresa de la que era titular Juan Francisco Trujillo, su chófer.

Por este mismo expediente la juez impone fianzas civiles de 639.942 euros a dos responsables de Caja Rural de Granada por, presuntamente, haber participado en la "instrumentación ideada" para conseguir la amortización de un préstamo que había concedido a Dhul.

Teniendo en cuenta las ayudas percibidas, más el tercio legal de incremento previsto para estos casos, Alaya impone una fianza civil que suma 8.783.898 euros a los hermanos Ruiz Mateos.

En la causa aún no ha declarado, por problemas de salud, el padre de los seis imputados, José María Ruiz Mateos.

Zoilo colaboraba en la dirección de empresas

El auto precisa que Pablo Ruiz Mateos era responsable de la división hotelera de Nueva Rumasa, Francisco Javier era el responsable financiero, Zoilo colaboraba en la dirección de las empresas y Álvaro era administrador solidario de Dhul.

José María Ruiz Mateos Rivero, por su parte, era el consejero delegado y quien daba "instrucciones directas" sobre lo que se tenía que hacer en cada una de las empresas del grupo, mientras que Alfonso fue nombrado consejero delegado tras la compra del Hotel Cervantes.

Por otro lado, Alaya ha anunciado este viernes que están terminadas todas las diligencias contra los aforados en el caso y pide al fiscal que se pronuncie sobre el tribunal competente para instruir la causa respecto a ellos.

En una providencia, la juez de instrucción 6 de Sevilla informa de que ya se han practicado todas las diligencias necesarias respecto a los aforados, que son los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a cinco exconsejeros.

Por ello, pide a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie antes del lunes sobre el tribunal competente para seguir investigando la causa respecto a ellos, lo que fuentes del caso interpretan como anticipo de una inminente inhibición, posiblemente antes de finales de julio, ante el tribunal superior correspondiente.

Los "preimputados" son Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y el 2009; Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre el 2009 y el 2013; José Antonio Viera como consejero de Empleo entre el 2000 y el 2004, y Carmen Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento desde 2009 al 2013.

Lista de "preimputados"

También están "preimputados" Manuel Recio, consejero de Empleo entre el 2010 y el 2012; Francisco Vallejo como titular de Innovación entre el 2004 y el 2009, y Antonio Ávila como consejero de Economía e Innovación desde el 2010 a 2013.

De los siete aforados, algunos lo están ante el Tribunal Supremo como Manuel Chaves y el exconsejero de Empleo Viera, que son diputados en el Congreso, y Griñán como senador.

Los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como parlamentarios autonómicos.

La causa de los ERE acumula ya 201 imputados, de los que una treintena son ex altos cargos de la Junta y algunos de ellos exconsejeros aunque en la actualidad no están aforados, como es el caso de Magdalena Álvarez, consejera de Economía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004-2010).

La juez Alaya lleva varios meses trabajando en el auto de inhibición, en el que incluso ha hecho correcciones aprovechando las comparecencias de las últimas semanas a imputados que se acogieron a su derecho a no declarar.

Alaya debe elevar a tribunal superior correspondiente una "exposición razonada" con sus indicios contra los aforados.

Fin "inminente" de la instrucción

La magistrada ha anunciado en autos recientes el "inminente fin" de la instrucción, aunque fuentes del caso destacan que hasta ahora apenas se ha investigado el 5% de las 401 ayudas bajo sospecha y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.

En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades", que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos "nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales".

En un escrito del pasado 31 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción pidió de nuevo la elevación al Supremo porque la investigación "está ya agotada en esta sede judicial sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero" y la juez ha dejado de ser la competente para seguir instruyéndolo.

Anticorrupción ha pedido también que la causa se divida en piezas, una por cada ayuda investigada y otra para los aforados, con objeto de "simplificar y agilizar" el procedimiento, aunque este último aspecto ha sido rechazado por la juez, quien el pasado abril afirmó que tal posibilidad produciría "un auténtico caos procesal".

El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.

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