El Gobierno llevará los criterios de concesión de becas a que se ajusten lo más posible a la realidad socioeconómica del alumno, en lo que constituye un punto polémico de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada ayer por el Congreso.

Éste es uno de los aspectos más controvertidos de la reforma de la ley, además de la libertad que brinda a los centros de estudios para elegir a sus nuevos docentes, según El País.

El presidente del Gobierno quería reformar la ley que el Partido Popular habían aprobado en 2001, con una gran resistencia por parte de la comunidad educativa española, pero quería hacerlo con un gran consenso de los partidos.

De allí que la inclusión de esta norma de evaluación para la concesión de becas tenga que ver con las condiciones impuestas por algunas formaciones nacionalistas, como IU-ICV y Esquerra Republicana de Catalunya, quienes sólo dieron su respaldo si se establecía que el monto de las becas tuviera en cuenta las particularidades socioeconómicas de cada territorio. Incluso una sentencia el Tribunal Constitucional apoya esta tendencia.

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, aseguró que el sistema de concesión de becas se hará garantizando "la igualdad de oportunidades", alegando que las mismas son un derecho individual y no territorial.

En la actualidad, las cantidades de las becas pueden diferenciarse en el caso de alumnos procedentes de Canarias, así como los que estudian en ciudades grandes, más caras.

Ha trascendido también que el ministerio estudia hacer más preciso el sistema, basándolo en circunstancias familiares como por ejemplo, que sean monoparentales o que los dos padres trabajen.