España es el segundo país del mundo en el que más aumentó la percepción de corrupción en 2013, por detrás tan sólo de Siria, según un estudio de Transparencia Internacional (TI). "En España, lo mismo que en otros países del sur de Europa, hay un mayor nivel de tolerancia y de laxitud con los hechos y con las personas corruptas. En todo caso esta permisividad tradicional ha disminuido de forma importante en estos últimos dos o tres años, ya que ahora el nivel de indignación de los ciudadanos hace que se fijen y denuncien bastante más este tipo de hechos", explica a 20minutos el presidente de TI España, Jesús Lizcano.

Actualmente, hay casi 1.700 causas judiciales abiertas y más de 500 imputados por delitos relacionados con la corrupción. Afecta a todos los niveles de la administración, desde responsables municipales a exministros, pero sólo una veintena han entrado en prisión, ya sea de forma preventiva o para cumplir una condena firme. Ello se debe sobre todo a la lentitud del sistema judicial, las largas investigaciones y los continuos recursos que dilatan aún más la instrucción. Por eso, Lizcano reclama más recursos judiciales para combatirla y agilizar los procesos contra los corruptos.

Un claro ejemplo es el del 'caso Gürtel': sólo el extesorero del PP Luis Bárcenas está actualmente en prisión mientras el resto de imputados, más de 150, esperan a que finalice la fase de instrucción. Lo mismo ocurre con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía: el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual es el único de los 144 imputados, incluidos los exministros Magdalena Álvarez y Manuel Chavez, que está en prisión. En Canarias, hay una decena de regidores imputados pero sólo cumple condena y ya en tercer grado, y lo mismo ocurre en Murcia, donde también hay varios imputados por corrupción y sólo uno de ellos llegó a entrar en prisión, aunque ahora solo duerme en la cárcel.

En cambio, en Galicia y la Comunidad Valenciana no hay ningún político en la cárcel —algunos imputados en el 'caso Pokémon' pudieron salir tras pagar una fianza— e, incluso, en las Cortes Valencianas hay cinco diputados del PP imputados. Otros cinco renunciaron a su escaño aunque no suele ser habitual. Por ejemplo, los diputados catalanes Oriol Pujol (CiU), Xavier Crespo (CiU) y Dani Fernández (PSC) siguen en el Parlamento. Pero la comunidad autónoma con más políticos están en prisión por corrupción es Baleares. Están entre rejas varios exconsellers —entre ellos, Josep Juan Cardona, condenado a una de las penas más altas impuestas a políticos— o la que fuera presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, María Antònia Munar. El expresidente Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias en el primero de los casos por los que ha sido juzgado, espera un indulto del Gobierno.

Los indultos son el último recurso para muchos pero no siempre los consiguen. Es el caso del empresario andorrano Fidel Pallerols y del excargo de UDC Vicenç Gavaldà a quienes el Gobierno negó la medida de gracia solicitada cuando la Audiencia de Barcelona ordenó su ingreso en prisión pese a que la condena pactada con la Fiscalía era inferior a dos años. El tribunal consideró que, en plena crisis y con altas tasas de paro, debían dar ejemplo: habían admitido haber desviado fondos europeos para cursos de formación ocupacional y parte del dinero sirvió para financiar a UDC, que se convirtió en el primer partido en admitir financiación irregular al aceptar el acuerdo con la Fiscalía.

"Es un hecho que muchos ciudadanos no entienden el número de indultos que se conceden y tampoco las razones para conceder algunos de los indultos que trascienden en los medios de comunicación", explica el presidente de TI España, que destaca "la necesidad de disminuir de forma notable el número de indultos concedidos por parte del Gobierno, y que además no puedan concederse por casos de corrupción". En su opinión, la de los indultos "es una importante asignatura pendiente del marco legal e institucional" de España.

La corrupción no es una práctica reciente, ya había antes de la Transición, y es una lacra que trasciende la política: banqueros, empresarios, policías, jueces... e, incluso, los responsables de instituciones culturales, como Fèlix Millet y Jordi Montull, saqueadores confesos del Palau de la Música Catalana. Por ahora, han evitado la cárcel pero no lo consiguieron ni Javier de la Rosa por el 'caso Gran Tibidabo' ni José María Ruiz-Mateos por el 'caso Rumasa' ni los polícias acusados de cooperar con los responsables de los prostíbulos Riviera y Saratoga. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, no fue juzgado pero acabó dimitiendo después de que trascendiera que se había alojado en hoteles de cuatro estrellas de la Costa del Sol a cargo del erario.

Durante el gobierno de Felipe González, se destaparon casos tan sonados como 'el de los fondos reservados' (se desviaron partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico para el pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del Ministerio del Interior), el 'caso Filesa' (de financiación irregular del PSOE a través de empresas tapadera), el 'caso Estevill' (una trama de corrupción judicial que obligó a modificar el sistema de reparto de las causas), el 'caso Roldán' (el entonces director de la Guardia Civil Luis Roldán se enriqueció ilícitamente con fondos reservados) o el 'caso Banesto' (con un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas participadas.

Posteriormente, con el mandato de José María Aznar, salieron a la luz el ya citado 'caso Pallerols', el 'caso Tabacalera' (los implicados fueron absueltos de enriquecimiento ilícito por compraventa de acciones con información privilegiada porque el delito había prescrito), el 'caso Telefónica' (el entonces presidente de la compañía, Juan Villalonga, se enriqueció con la compra de opciones sobre la empresa gracias a información privilegiada) y el 'caso Gescartera' (desaparecieron más de 120 millones de euros de 2.000 afectados, incluyendo mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas, y empresas públicas).

El goteo de casos de corrupción no ha cesado en los últimos años. Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se destaparon varios casos de corrupción y algunos han comportado condenas para los procesados, como el 'caso Malaya', pero otros siguen en fase de instrucción, como el 'caso Gürtel', el 'caso de los ERE', varios casos en Baleares en los que están implicados una cuarentena de excargos del PP, el 'caso Campeón' y 'el de las ITV', entre otros. Desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, se han llevado a cabo la 'operación Pitiusa' (por el robo y tráfico de datos confidenciales de la administración),  el 'caso de la cooperación' (seis millones de euros de la Comunidad Valenciana de subvenciones con fines humanitarios acabaron gastados en viviendas de lujo de Miami), el 'caso Bárcenas' y el 'caso Nóos', en el que está imputado Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina lo estuvo.

Pero, ¿la corrupción está tan extendida? El Eurobarómetro incluye preguntas de victimización y pregunta al encuestado si conoce a alguien que cobre sobornos o si él o algún conocido ha pagado sobornos en el último año para obtener servicios públicos. Según la última encuesta, la respuesta es no. El porcentaje de sobornos en la policía, la sanidad pública o la educación es prácticamente 0. Sin embargo, el 5% de encuestados reconoce haber pagado sobornos para obtener permisos de obras, una cifra muy alta teniendo en cuenta la mayoría de ciudadanos no tienen relaciones con la construcción ni terrenos que recalificar.

Además, según Transparencia Internacional, hay una corrupción clarísima en las grandes obras. Lizcano recuerda que, desde un punto de vista geográfico, "los mayores niveles de corrupción se han dado en las grandes ciudades y en las zonas costeras, en los que ha habido tradicionalmente una mayor efervescencia y boom inmobiliario, aunque esto ha remitido de forma significativa con la llegada de la crisis".

Con todo, en los últimos años se han investigado decenas de ayuntamientos de todos los colores políticos por tramas de corrupción urbanística, recalificaciones, adjudicaciones irregulares, tratos de favor a constructores (con condonaciones de deuda incluidas). Uno de los últimos casos destapados son las irregularidades en las obras del AVE en Barcelona pero la lista es extensa y recorre toda la geografía española desde el hotel ilegal El Algarrobico (Almería) al complejo de viviendas, hoteles de lujo y un campo de golf en una zona protegida de Las Navas del Marqués (Ávila) pasando por los bloques de apartamentos ilegales Oropesa (Castellón).

Cuando "ocurre que en tiempos de crisis los casos de corrupción se consideran mucho más graves e indignantes para los ciudadanos, dada la situación económica de muchos de ellos", indica Lizcano. Sin embargo, "la crisis tiene un efecto tanto positivo como negativo, porque hay menos posibilidades para el enriquecimiento por especulación, recalificaciones, plusvalías ilegales, etc. pero también es cierto que la crisis agudiza en muchos casos el ingenio", agrega. Con todo, el presidente de Transparencia Internacional espera que cada vez afloren menos casos y "pueda así disminuir el importante nivel de alarma social existente".

De hecho, la corrupción es considerada como el segundo mayor problema del país y los políticos, como el cuarto. Por eso, Transparencia Internacional apuesta por la transparencia para combatir pero la mayoría de partidos y de cámaras parlamentarias suspenden en transparencia económico-financiera. Para la ONG, la Ley de Transparencia es una oportunidad perdida porque es "débil", carece de "claros castigos" para los infractores, deja mucho margen a la "discrecionalidad" de los funcionarios y no reconoce el derecho a la información de los ciudadanos. Sin embargo, Lizano celebra que la reforma del Código Penal recoja un mayor nivel de casos y sanciones para la corrupción, tanto pública como privada.